Los nudos no gordianos del fin definitivo de ETA. Javier Villanueva

Javier Villanueva Los nudos no gordianos del fin definitivo de ETA(Hika, 186zka. 2007ko otsaila. Página Abierta, 179, marzo de 2007)

Desde una perspectiva que trata de dar una importancia primordial a los razonamientos y a los valores y que pretende centrarse en lo esencial, he seleccionado estos cuatro nudos que impiden o dificultan el paso al fin definitivo de ETA. Un rasgo común de todos ellos es que hasta ahora no ha habido manera de deshacerlos. Y otro, que se han mostrado irreductibles a los atajos (y sobre todo a los más tajantes), razón por la cual no se les puede aplicar el nombre de aquel insoluble nudo gordiano de la leyenda que deshizo con su espada, de un solo tajo, Alejandro Magno. Primer nudo: el juicio sobre ETA Se ha dicho que una clave fundamental para que el “proceso de paz” tenga éxito consiste en la ambigüedad, en que ETA pueda justificar al mismo tiempo tanto el abandono de la violencia como la persistencia en ella durante décadas. Así pues, de acuerdo con esa proposición, no se trata de entender el comportamiento de ETA, y en particular que pueda necesitar y querer tal cosa, sino de que propiciemos tácita o expresamente dicha ambigüedad y la consideremos además una buena salida. ¿Hay que ayudarle a ETA a construir este relato? ¿Es ésa la pista de aterrizaje que necesita? Lo que está en juego tras ese planteamiento no es cosa de poca monta: el juicio de valor (moral, político e histórico) que tenemos de ETA, la valoración de su trayectoria de medio siglo que ha implicado ya a tres generaciones y que atraviesa muy diferentes circunstancias, el sentido de su pertinaz persistencia en este siglo XXI y en una sociedad rica del Primer Mundo... No creo que sea un acierto dejar el campo libre a un juicio muy arraigado en una significativa parte de la sociedad: la consideración de ETA como una gran epopeya. ETA es su mito. La ven como “la expresión más dura, comprometida y descarnada de la resistencia secular de un pueblo pequeño a dos poderosos Estados”, un sinónimo de heroicidad y de coherencia pese a soportar un altísimo coste, el símbolo de “lo mejor” de la sociedad vasca. ¿En nombre de no entorpecer la buena marcha del “proceso de paz”, debe rebajarse o incluso silenciarse la opinión de que ETA es sinónimo de una equivocación que ha roto la vida de infinidad de personas y que ha repercutido muy negativamente en el conjunto de la sociedad vasca y en el resto de la sociedad española? ¿En nombre de que no toca insistir ahora en cosas que puedan molestarles, debemos dejar de decir que lo sustancial en ETA no es una determinada creencia, una concepción del País Vasco (inocua como tal: la sociedad abierta es capaz de albergar las creencias más peregrinas), sino el hecho de vivirla con fanatismo (con intransigencia e intolerancia) y, sobre todo, la pretensión de imponer sus ideas a base de amedrentar a las gentes? No creo que sea un acierto tal inhibición. Ni tampoco creo que haya que hacerlo ante la ecléctica visión de ETA como un mal y un bien al mismo tiempo, como epopeya y tragedia. En el fondo de esta yuxtaposición late una valoración ambigua de ETA fundamentada en un relativismo moral muy frecuente en la izquierda que se considera más a la izquierda y que ve a ETA con empatía, desde cierta afinidad común. Lo esencial es que la persistencia de ETA nos interpela sobre el sentido de su violencia de manera incesante. ETA tiene una necesidad imperiosa y constante de justificarse habida cuenta su esencia autoritaria. ¿Para qué ha servido tanta tragedia causada a otros (las víctimas de sus atentados, especialmente los asesinados: más de ochocientos) o que ha infringido a sus propios miembros y a su propio entorno? Esta pregunta tiene una respuesta tan dura y dramática que ni ETA ni su entorno pueden soportarla y necesitan encubrirla. La batalla entre la deslegitimación y la legitimación de ETA ha conocido unos resultados muy diferentes. Aunque sea menor y más tibia que antaño, todavía tiene demasiada legitimación; prueba de ello es que en el mundo sociológico de Batasuna su persistencia actual se justifica con un argumento tautológico: el hecho de que ETA siga es porque está justificado que siga. Y si miramos hacia atrás, no es posible eludir que la presencia tan prolongada de ETA en un sistema democrático y en sociedades satisfechas como la vasca y la navarra revela un formidable fracaso de su deslegitimación frente a su legitimación, un fracaso que salpica al conjunto de la sociedad. En los últimos 15 años el resultado de tal batalla se ha escorado en el sentido contrario debido a la fuerza de un triple juicio muy negativo acerca del valor de ETA. Un primer argumento ha sido el juicio político de que ETA sobra y estorba a la causa nacionalista vasca, esto es, no sólo que no sirve para conseguir los objetivos de dicha causa sino que la perjudica. El segundo, la percepción de ETA como un anacronismo histórico, fuera de tiempo y de lugar. Finalmente, está la creciente presencia de otro tipo de juicio de valor, fundamentado en principios morales y democráticos: que ETA vulnera los derechos fundamentales de las personas contra las que atenta; que matar al que piensa o siente de distinta manera y aterrorizar a personas representativas de la parte no nacionalista vasca de la sociedad es una aberración moral y política; que su proyecto político es autoritario, que atenta contra un aspecto básico de la democracia: la participación política de la sociedad y su construcción autónoma... Pero desde que la propuesta de Zapatero de un final dialogado de la violencia de ETA obtuvo el aval del Congreso, el balance de esta batalla entre la deslegitimación y la legitimación de ETA no es tan positivo. En este tiempo, la tendencia se ha detenido y hasta se ha invertido algo, sea porque ha primado la condescendencia a cuenta del alto el fuego, sea porque la deslegitimación de ETA ha quedado casi en exclusiva en manos de los detractores del final dialogado, sea porque se ha creado un clima en el que ha llegado a parecer inoportuno abundar en la deslegitimación de ETA. Pero lo peor de todo es que, en este clima de cierta confusión y desconcierto, ETA se ha sentido estimulada a exigir algún logro político que “materialice” la justificación de su pasado. Segundo nudo: el equilibrio ante las injurias La credibilidad de la deslegitimación de ETA se resiente si no se entra también en las oscuridades de una lucha contra ETA desde los poderes estatales plagada de actuaciones que han minado la legitimidad del Estado de derecho, envenenando el clima vasco en una interminable espiral de agravios. No podemos olvidar las demandas de justicia, desatendidas hasta la fecha, de las víctimas de torturas, o de operaciones de guerra sucia, o del retorcimiento injusto e inhumano de las leyes penitenciarias... Ni tampoco podemos olvidar que las acciones más indignas de la lucha contraterrorista no han escandalizado durante años a una opinión pública que, o bien las justificaba más o menos, o bien miraba hacia otro lado. Aunque tengan distinta entidad que los atentados de ETA (pues nadie se jacta de ellos), por su naturaleza, son tropelías tan injustificables como las de ETA. Desde el punto de vista político, son además viejas torpezas que realimentan a ETA, le sirven de pretexto para persistir y le ayudan a reproducirse. Tanto por equidad y justicia como por oportunidad política, debe haber un cierto equilibrio en la dedicación que hemos de conceder a las injusticias que ha causado ETA y a las injusticias relacionadas con el mal uso del monopolio legal de la violencia por parte de los poderes estatales. Ese equilibrio es necesario no sólo para la legitimidad moral, que exige mirar en ambas direcciones. También lo es por una razón de pura prudencia política. El que se muestre una clara voluntad política de someter el lado oscuro del poder estatal a la legalidad y de no permitir su impunidad, es imprescindible, bien sea para defender con credibilidad la deslegitimación de ETA ante los varios miles de personas que han sido víctimas de tropelías realizadas por los servidores del Estado desde la instauración de la democracia, o bien sea al menos para achicarle a ETA sus pretextos y sus posibilidades de reproducción, o bien sea para no dejar que crezca un monstruo al margen de la ley y de la ética.Es evidente que ETA se ha empeñado en que el mero enunciado de estas cosas, y tanto más el conseguirlas, sea francamente difícil. Sobre todo en el resto de España, que viene soportando los peores atentados de ETA en los últimos veinte años. Tercer nudo: la persistencia del relato nacionalista ¿Es realista plantearse que ETA y su “entorno” pierdan toda esperanza de justificación en una parte significativa de la sociedad habida cuenta la cobertura que frecuentemente le presta un relato nacionalista vasco que carga la mano en dramatizar el denominado “problema nacional vasco” y en concebirlo (¡todavía!) de un modo épico y agónico? A mi juicio, no hay duda de que no es realista. Es más, pienso que a estas alturas está tan enquistado ese relato en la retórica política vasca y en las identidades individuales de tantas personas, que resulta imposible de desactivar a corto plazo. Aquí nos adentramos en un par de asuntos espinosos. Uno, la corresponsabilidad en la persistencia de ETA del otro nacionalismo vasco: el comprometido con el sistema democrático y de autogobierno que emerge de la transición posfranquista. Dos, el que el nacionalismo vasco no haya emprendido una revisión doctrinal y mantenga el meollo fundamental del relato fundacional formulado por Sabino Arana en la última década del siglo XIX, hasta el punto de haber convertido dicha revisión en un verdadero tabú y de tener que actualizarse una y otra vez sin tocar la vieja doctrina. Una doctrina cuyos conceptos básicos se llevan mal con la pluralidad de una sociedad tan diversa, abierta y compleja como la nuestra actual. La cosa se complica aún más si se tiene en cuenta que ese relato nacionalista vasco no revisado del que se nutren ETA y su “entorno” (en la práctica es como un salvavidas que le permite capear los momentos de mayor tempestad) se realimenta a su vez de un españolismo no menos entregado al exceso épico y dramático sobre el ser de España y su unidad. Y todavía se complica más si se tiene en cuenta que ambos dos relatos han penetrado profundamente, asimismo, en la izquierda antifranquista (y en su herencia), contaminándolas de uno u otro en cada caso. Rascando en todo esto nos topamos con otros males de fondo de nuestra cultura política: la falta de realismo, el tribalismo de ignorar a los que no son “de los nuestros”, la sacralización de la política... Hay una exagerada sacralización de algunos conceptos políticos, sobre todo de los relacionados con el sentimiento nacional: la propia nación, la identidad nacional, el sentido de pertenencia nacional, lo mismo si los formula cierto nacionalismo vasquista que cierto nacionalismo españolista. Pero incluso los referentes más activos del campo que se reivindica no nacionalista tampoco se libran de sacralizar algunos conceptos que manejan profusamente: por ejemplo, el texto constitucional. Cuarto nudo: la “pista de aterrizaje” de ETA ¿Cómo se consigue que ETA abandone y que desaparezca su violencia cuando hasta ahora ha demostrado reiteradamente que no está dispuesta a hacerlo si no se le admite lo que exige, cosa que no puede prosperar por otra parte en una sociedad democrática como la nuestra? Este es el meollo del asunto. Consciente de su fecha de caducidad, ETA exige un finiquito (de naturaleza política, por supuesto)y quiere negociar su cuantía y el tiempo y forma de su “materialización”. Ésta es su pista de aterrizaje, concebida como el requisito imprescindible de un final “digno”, “sin humillaciones”, “sin vencedores ni vencidos”, pero que a muchos nos parece un final “bajo palio” inaceptable en una sociedad democrática. A estas alturas, debe reconocerse que no ha habido forma de deshacer este nudo. Se puede decir que se han intentado todos los caminos y que todos han fracasado: el del palo y tente tieso; las muy diversas combinaciones del palo y la zanahoria; el pacto de Ajuria Enea, que incluyó a la Alianza Popular de Fraga; el excluyente pacto nacionalista vasco de Lizarra; el sesgo antinacionalista vasco del pacto por las libertades y contra el terrorismo del PP y PSOE; la zanahoria del demediado plan ibarretxiano y de su pertinaz “diálogo hasta el amanecer”; la oferta reciente de un final dialogado de Zapatero... De todo lo cual, habría que sacar al menos algunas lecciones claras sobre el camino a seguir. Parece que a ello se están aplicando ahora todas las fuerzas que apoyaron en el Congreso el final dialogado, en especial las más implicadas en la implementación de esa fórmula: el PSOE-PSE y el PNV. Y parece que lo están haciendo con un realismo optimista, basado en la convicción de que ETA no tiene ninguna carta en la manga (pues su futuro es de ruina total si pretende seguir), y con más modestia que en otras ocasiones. ETA nunca se ha visto ante un dilema como el que ahora tiene delante tras el atentado de Barajas: o bien abre la puerta a normalizar la vida de sus miembros a costa de renunciar al ejercicio de la violencia y de abandonar su proyecto autoritario, o bien no renuncia a esa condición (porque “es su naturaleza”, como dijo el escorpión a la rana) y persiste en sus atentados o en la amenaza de que pueda hacerlos (¿por cuánto tiempo más?), y aumenta el número de sus víctimas (¿cuántas más?), y sigue llenando de números rojos su cuenta de resultados, y continúa exigiendo a sus propios miembros y a las gentes de su entorno que soporten (¿hasta cuándo?) las condiciones dramáticas (cárcel, exilio, clandestinidad, vidas rotas...) que acarrea inevitablemente esta opción. Este dilema, así planteado, centra las cosas en un fundamento sólido: el propio beneficio que es posible de lograr por parte de ETA, esto es, su interés en evitar la ruina que le espera si no perciben con realismo cuál es su situación. Pero va de suyo que tal dilema no vale nada si no hay una sociedad y unos líderes políticos capaces de sostenerlo con claridad, firmeza y buena mano. Tras el atentado de Barajas esto se concreta en un cuadro mínimo de exigencias a ETA: a) su abandono incondicional y definitivo antes de empezar a hablar de cualquier cosa; b) ninguna esperanza de lograr un premio político por dejarlo y de justificar su pasado: no hay ninguna negociación política pendiente a cuenta de facilitar el fin de ETA; c) que el único incentivo al que puede aspirar es el de poder engancharse a la generosidad de la sociedad democrática, y ello en pura reciprocidad con sus propias actitudes y comportamientos. Moratoria para la discusión y decisión política No se discute ahora el principio democrático de que el diálogo y las decisiones políticas son una competencia exclusiva de los representantes legítimos de la voluntad popular, ni se discute que ello lo han de hacer sin presiones ilegítimas como la que ejerce ETA. No se discute ya, por tanto, que no hay en ciernes ninguna negociación política con ETA. Tal negociación está completamente descartada por ilegítima. El debate está centrado en el plano más pragmático de la política: en si conviene o no (si es oportuno o no) que nuestros representantes legítimos, por su propia voluntad y convicción, tomen la iniciativa de impulsar algunos cambios políticos que puedan asentar el abandono definitivo de ETA y la integración de todo su mundo en el sistema político. Tal opción, si bien con concreciones muy diferentes entre sí, se encuentra en el punto 10 del pacto de Ajuria Enea (enero de 1988), el plan Ardanza (marzo de 1998), el pacto de Lizarra (septiembre de 1998) y el plan Ibarretxe (2002-2004). No se discute su competencia para tomar tal decisión ni su legitimación democrática. Son competentes y están legitimados. Está a debate la oportunidad política de las concreciones de esa decisión, incluida su calidad político-moral (o legitimidad político-moral), y sobre todo el alcance de sus consecuencias (aun de las no previstas). Está sobradamente demostrado por una dilatada experiencia que asociar el final de ETA a algún tipo de cambio político es una vía segura para empeorar las cosas y no para mejorarlas, más allá de las intenciones de sus impulsores. Aparte de otras objeciones de principio a su carácter ventajista (es una forma más o menos descarada de “pasar la boina”) o chantajista, ese modo de concebir el final de ETA, lejos de incentivarle al abandono, ha reactivado su insaciabilidad y su irrealismo, y, por consiguiente, su persistencia, ante la imposibilidad de darle lo que pretende. Así las cosas, habría que darle cancha a la única hipótesis de trabajo que no se ha aplicado a fondo, y, por tanto, la única que no ha fracasado todavía y que merece una oportunidad por ello: que nuestros legítimos representantes políticos, por propia voluntad y convicción, tomen la decisión de posponer la discusión y la decisión sobre el marco político que tenemos y sobre si hay que reformarlo y en qué sentido hasta que se produzca el abandono definitivo de ETA y hasta que todo su mundo decida integrarse en el sistema político en igualdad de condiciones democráticas que los demás. Dicho en el lenguaje bilbaíno de antaño contra los aprovechateguis, se trata de que ETA y Batasuna tengan la certeza de que no se les va a aceptar aquello de que “a cuenta de la Villa, chaqueta amarilla”.

Relato: La Play

En el asiento de atrás, un adolescente, jugaba con la videoconsola.
Era un viaje largo.
El padre y la madre, delante, prolongaban el silencio.
Cuando sonó el chirrido de los frenos del camión, precipitándose sobre ellos, el adolescente pensó que menos mal que le quedaban tres vidas.

Situacion actual de Cuba

Nunca he confundido a Cuba con el paraíso.
¿Por qué voy a confundirla, ahora, con el infierno?
Yo soy uno más entre los que creemos
que se puede quererla
sin mentir ni callar.
(Eduardo Galeano)


Cuba en primera página
Voy a hablar aquí desde una posición inequívoca de solidaridad con Cuba. Pero voy a hacerlo de la manera que yo entiendo la solidaridad: no con los ojos cerrados sino con los ojos del pensamiento crítico que tratan de captar la complejidad. Eso sí, lo mío no es andar con un microscopio para mirar a Cuba como si fuera un trozo de tejido enfermo para luego recomendar medicamentos para curar el mal. Con la que está cayendo en esta época que nos toca vivir creo que hay males más grandes y urgentes a los que prestar atención.

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Es raro que se hable de Cuba desapasionadamente, menos aún cuando Fidel Castro se encuentra enfermo y unos invocan por su curación y otros imploran su muerte. Cuba es algo emblemático, y no resulta fácil discutir de lo que es emblemático, mito o leyenda. Dentro de la izquierda hay quienes ponen el acento en la defensa incondicional del régimen y quienes lo hacen en la crítica. Unos señalan sus grandes logros sociales, otros acusan a las limitaciones del sistema político. Tal vez la verdad completa no se halle en ninguna parte y la razón se encuentre repartida. Sin embargo, en la izquierda no se puede dudar acerca de lo que es esencial: la denuncia activa del intervencionismo norteamericano contra Cuba y la oposición expresa y radical al bloqueo, a ese obsceno bloqueo que niega a Cuba el pan y la sal.

Más allá de las diferencias, la izquierda debe defender el derecho de los cubanos a decidir su destino. Cuba es un país soberano y ninguna potencia debe inmiscuirse en sus asuntos internos. Mucho menos puede hacerlo quien en nombre de la democracia pisotea los derechos humanos, organizar guerras y es líder en la historia de las conspiraciones golpistas y el sostén de dictaduras. A partir del principio de defensa innegociable de la soberanía de Cuba para decidir su modelo económico y político, en la izquierda sí podemos y debemos repensar sobre numerosos aspectos que se refieren a la experiencia de la revolución cubana. Hacerlo con transparencia y con respeto es la primera condición para declararse solidarios, no simples aduladores.


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A la pregunta ¿habrá cambios políticos después que desaparezca Fidel Castro? Cabría responder con otras preguntas:
a) ¿El sistema democrático cubano garantiza suficientemente la manifestación pública del pluralismo en las ideas?
b) ¿Se trata de una participación popular demasiado estrecha, debido a la ausencia de alternativas organizadas distintas al Partido Comunista?
c) ¿La existencia de un partido único no es fuente, inevitable, de una jerarquización no deseable de la vida política?
Tal vez las preguntas más importantes sean estas que siguen:
d) ¿Podemos saber qué piensa la población de la isla acerca del sistema democrático cubano?
e) ¿Está satisfecha? ¿Le parece necesario ciertos cambios?
Lo interesante es que podemos hacernos éstas y otra preguntas desde el rigor, sin ningún ánimo morboso. Las podemos hacer ejerciendo lo que yo llamo una conciencia anticipatoria de los problemas. Sin poner en cuestión la legitimidad del actual modelo cubano que descansa en las asambleas de cuadras, centros de trabajo, etc, donde se eligen a las mujeres y hombres candidatos.

Luis Suárez, siendo director del Centro de Estudios sobre América en La Habana, lanzó esta afirmación: “La sociedad cubana necesita mecanismos de representación de la voluntad ciudadana”. Él era el portavoz habitual de Cuba en numerosos foros internacionales. Plantea de este modo el asunto: “Debemos crear las condiciones que paulatinamente vayan garantizando la participación de la ciudadanía y de sus representantes en el autogobierno de las comunidades y de la sociedad, y convencer a las nuevas generaciones de que son posibles y necesarias su implicación y su participación”. Plantea tres grandes retos para la Cuba del siglo XXI: descentralización, democratización y socialización.

En mi opinión, así como la democracia representativa en Occidente tiende cada vez más a ser una partitocracia (los partidos se adueñan de los ámbitos decisión) y una votocracia (la población cuenta como objeto de la captura de votantes) (la última encuesta del CIS pone a los partidos en el último lugar de la credibilidad ciudadana), también en la democracia cubana encontramos defectos de otra importancia. Para empezar no parece recomendable que una misma persona concentre un poder tan enorme durante tanto tiempo. Siempre he entendido la democracia como distribución del poder y si bien la democracia directa, asamblearia, constituye una experiencia magnífica, en el modelo cubano adolece de dirigismo, de tutelaje, de burocratización. Cuarenta años bajo la dirección política de un partido y de un liderazgo nunca discutido producen necesariamente un sistema de ecos de los monólogos del poder que imponen el hábito y un debilitamiento de la energía creadora. A fin de cuentas la unidad requiere de la diversidad y esta última sólo puede vivir mediante libre expresión. Se argumenta que el acoso que sobre Cuba ejerce el Imperio ha determinado la continuidad del liderazgo de Fidel Castro y la represión contra las disidencias. Hay una parte de razón en la medida en que el comandante parecer asegurar mejor la cohesión de la sociedad y las disidencias son ciertamente opacas por no decir teledirigidas. Pero, de otro lado, buscar en la razón del bloqueo la explicación de un sistema político piramidal no parece convincente.

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Habrá que ver si tras la muerte de Fidel Castro las palabras de Eduardo Galeano, un hombre de izquierda, honesto, solidario, tomarán una dimensión práctica en Cuba: Ha escrito en el semanario Brecha de Montevideo a propósito de Cuba: “La apertura democrática es más que nunca imprescindible. Actuando como si los grupos disidentes fueran una grave amenaza, las autoridades cubanas les han rendido homenaje y les han regalado el prestigio que las palabras adquieren cuando están prohibidas”. Y citando a Rosa Luxemburg sigue Galeano: “La libertad sólo para los partidarios del gobierno, sólo para los miembros de un partido, por numerosos que ellos sean, no es suficiente. La libertad es siempre libertad para el que piensa diferente”. Eduardo Galeano plantea un asunto de gran importancia: no podemos, frente al neoliberalismo, denunciar el pensamiento único, para luego nosotros defender nuestro pensamiento único. Esta es, precisamente, una contradicción de la Batalla de las Ideas lanzada por Fidel. Sinceramente, dudo que la oposición organizada sea una amenaza real, ya que entran en un sofá; más bien pienso que hay ansiedad o temor a que sus planteamientos puedan conectar con sectores descontentos de la sociedad.

Me pregunto si en la actual estructura política y democrática caben mejoras sustantivas de participación popular y de autogestión, así como también la expresión del pluralismo común a toda sociedad. Explorar los caminos del asociacionismo político que permita otras ideologías y otras propuestas leales a la sociedad, puede ser necesario aun dentro del modelo vigente que bien puede completarse con otros mecanismos participativos que permita voces discordantes. La renovación, al fin y al cabo, es una exigencia de cualquier proyecto que aspire a la emancipación, entre otras cosas porque no existen respuestas metafísicas e inmutables a problemas dinámicos.



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Una reflexión sociológica sobre lo anterior. En Cuba como en cualquier parte del mundo, el problema de la participación ciudadana en la vida política es una cuestión dinámica. Cualquiera que viaje a la isla puede percibir ya un conflicto generacional. La tercera generación nacida en la revolución no tiene la referencia del pasado del mismo modo que sus padres. La tiene indirectamente a través de los medios educativos, de comunicación, de la familia, de los organismos sociales y políticos, del Estado, pero no es una referencia fuerte nacida de la experiencia. La despolitización de muchísima gente joven es un hecho, al igual que su rechazo a las tutelas y su critica a las limitaciones derivadas de los escasos recursos. Sus necesidades culturales y espirituales son nuevas si las comparamos con las de sus mayores; hay deseos incontenibles de abrirse al mundo, de conocerlo directamente, de contrastar sus vidas con los jóvenes de otros lugares. ¿La gente joven quiere una transición? Yo creo que sí. ¿Una transición hacia dónde? Hacia un sistema que le permita viajar, comunicarse libremente, asociarse, acceder a otros mundos y miradas, a otros libros y obras de arte, a otras realidades y a otros modelos.

El hecho generacional puede chocar antes o después de un modo más conflictivo con una organización social y estatal que en lo sustancial sigue en manos de “veteranos de guerra” que han venido dando respuestas unitarias (un sindicato, una organización de mujeres, una organización de jóvenes, una...) a necesidades que reclaman espacios más abiertos. Es el caso de la sociedad civil organizada en ONGs. Bastantes tienen ya un recorrido que les empuja a desear más libertad de movimientos, una autonomía que ponga el acento en el carácter no-gubernamental y les permita tener su mundo de relaciones en la isla y fuera de ella, con el fin de servir a sus objetivos desde un ámbito de decisiones no controladas. Pero, en la realidad los organismos del Estado no facilitan la autonomía. No se trata de magnificar un problema pero sí de darle la notable importancia que tiene. Es cuestión, nada más y nada menos, de descubrir que en Cuba, como en el resto del mundo, la vida social es cambiante y ello puede hacer conveniente algunos cambios para una relación sociedad-Estado más desahogada.



Después de Fidel ¿qué?
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Con motivo de la enfermedad de Fidel Castro en el Washington Post llegaron a la conclusión de que en Cuba todo están de acuerdo en que el socialismo va a morir con Fidel. Su línea editorial defiende que el régimen indeseable desaparece con el caudillo porque sus herederos no pueden mantenerlo, y la sociedad liberada se instala con relativa facilidad en la modernización política y económica que garantiza la reconciliación nacional. ¿Cuánto hay de deseo y cuánto de razón en este pronóstico? Desde Cuba se responde diciendo que la revolución es un proceso profundamente arraigado en el seno de la sociedad por cerca de cuatro generaciones de cubanos y que es sin duda irreversible.

No se me oculta que el interés general centra su pregunta en que ocurrirá después de la muerte de Fidel Castro. Desde luego yo no la tengo y además me cuesta hacer un pronóstico. Está muy claro que la ley biológica sigue su curso y la sucesión de Fidel Castro es un asunto cada vez más cercano y preocupante para el pueblo y el gobierno de Cuba. Es tan importante como para que oficialmente no se diga que Fidel padece una enfermedad terminal y se gestione la situación desde el secreto de Estado, controlando milimétricamente la situación. En realidad se está trabajando a toda prisa engrasando los mecanismo sucesorios.

Lo cierto es que sin Fidel, sin su carisma arrollador, sin su fuerza emblemática que encarna a la nación, al orgullo cubano, a la revolución misma, la realidad de Cuba no será igual. Las preguntas que cabe hacerse son: ¿La Cuba actual habría sido posible durante 45 años sin Fidel? ¿Podrá ser la misma en el futuro cuando ya no esté Fidel con su autoridad moral y política en el centro del sistema? Cuando se habla de Fidel Castro hay quienes sólo pueden hacerlo en clave de elogio; pero cuanto más se le mitifique más imprescindible lo hacemos. Y ello es un factor de debilidad, no de fortaleza.

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En todo caso es tan importante el fenómeno del fidelismo que su actual liderazgo como jefe del Estado y Secretario del PCC al mismo tiempo, no se debe incuestionablemente a su lozanía -él mismo ya ha expresado en privado su deseo de dejar uno de los dos cargos-, sino a la dificultad de encontrar una idónea sustitución para uno de los dos puestos, argumento que más que explicar contribuye a aumentar la perplejidad de quienes no creemos en el provindecialismo como forma de gobierno. Cuando él no esté, habrá que fijar la atención en algunos factores internos:
a) La unidad dentro del Partido Comunista, en particular en su cúpula;
b) La unidad en el seno del Ejército que cuenta con un poder considerable;
c) La mayor o menor unidad entre generales y civiles con poder;
d) Las respuestas desde la base de la sociedad y de sus organizaciones;
e) Las contradicciones generacionales.
Sin lugar a dudas el factor externo jugará asimismo un papel muy notable. Sin duda todo el mundo piensa en Estados Unidos que hace tiempo se prepara para influir sobre una transición política en Cuba. También la Unión Europea está diseñando su propia hoja de ruta para el momento post Fidel, que será aprobada probablemente en octubre por el Consejo. Sin embargo, creo que más bien el factor externo es un conjunto de elementos económicos y políticos, una especie de telón de fondo representado por un mundo que a pesar de sus atrocidades juega y jugará como referencia para quienes en la isla desean cambios de mayor libertad de movimientos y de hacer negocios. No creo que, en sentido contrario, la posibilidad de un modelo réplica del chino sea factible. China es un gigante geográfico y demográfico y está en otro hemisferio. En todo caso, insisto en que hacer pronósticos sobre el futuro de Cuba tiene muchas dificultades, pues también es verdad que como modelo se distancia bastante de los viejos regímenes del Este de Europa, desde luego para bien.

En todo caso la izquierda solidaria con Cuba haría mal, muy mal, en desconsiderar la complejidad que abrirá la desaparición de Fidel Castro bajo la ingenua idea de que la continuidad está garantizada. Más bien hay que contemplar la hipótesis de un escenario de reformas, inicialmente económicas, y lo digo a pesar de resistirme a los pronósticos.

La sociedad que está en juego
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La aprobación, en su día, por la Asamblea del Poder Popular de una nueva ley de Inversiones Extranjeras abrió las puertas al capital internacional. El listado de los hoteles y de los negocios de propiedad mixta se ha ido alargando desde entonces. La medida fue más una necesidad que un deseo. Pero lo cierto es que con ella el paisaje económico de la isla es cada vez más dual: circuitos comerciales dolarizados, salarios desiguales y la aparición con fuerza de una economía sumergida formada por un mercado negro dirigido al turismo, caminan paralelamente a un esfuerzo generalizado por la organización del trabajo desde parámetros de disciplina y rentabilidad.

A pesar de los pesares no hay en América una sociedad más igualitaria. Por nacer –y antes de nacer- todo cubano tiene asegurados de por vida salud, educación, seguridad social, cultura, deporte, vacaciones, y una diversidad de oportunidades. El Estado, desde su marcada voluntad de equidad social ha buscado siempre, aún en medio del “período especial” que los derechos no pierdan su vigencia práctica. En plena crisis han habido escuelas y hospitales para todos, lo que es extraordinario en un continente donde millones de personas en estado de enfermedad se ven abandonadas a su suerte. Dicho esto, es verdad que en Cuba la inclinación a la desigualdad, entre quienes viven con dólares o con pesos, entre quienes trabajan en empresas mixtas o estatales, entre quienes labran el campo y quienes obtienen los beneficios del turismo, etc, es cada día más notable. En realidad esto afecta a una mentalidad construida en valores como la igualdad y el pleno empleo.

No obstante no puede decirse que la desigualdad en la que ya vive Cuba sea un fracaso. Lo que sí ha fracasado, por ser una construcción ideológica no probada por la experiencia, es la vieja idea de una sociedad armónica, perfecta, paradisíaca. Hoy la dirigencia cubana acepta que entre los valores de la igualdad, la libertad y la justicia, hay una colisión permanente, y de lo que se trata es de lograr el mayor equilibrio posible. El igualitarismo maximalista ha caído. Y lo ha hecho empujado por reformas económicas que conducen a Cuba a un escenario desconocido repleto de preguntas.

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El deseo de consumo, particularmente entre los jóvenes, constituye un valor nuevo que plantea enormes dificultades a una estructura económica de recursos limitados. Ello hace posible el peligro de que las miradas se dirijan hacia aquellas sociedades que presuntamente pueden responder a la demanda. No hay que olvidar que el propio turismo se erige en un escaparate cotidiano que exhibe abundancia. Asimismo otros valores vinculados a la idea de dinero fácil se acumulan y se despliegan en torno a la industria turística, entre los cuales la prostitución no es el menos importante. No es extraño oír de una mujer u hombre cubano que conserve la memoria del pasado una bronca justa contra este fenómeno; recuerdan que Cuba fue colonia, prostíbulo.

La situación económica emergente modifica asimismo el paisaje social. El cubano y la cubana de a pie se encuentran aún en un proceso de adaptación. No es tan fácil aceptar que un extranjero pueda comprar cosas que son inaccesibles para los locales o montar negocios que los cubanos no pueden legalmente. No obstante, la legalización de actividades privadas, como los famosos paladares, y más de 150 oficios que pueden desempeñarse bajo el estatus de trabajo autónomo, unido a la liberalización de los mercados campesinos, además de ser un acierto gubernamental abre a los cubanos un camino lleno de incentivos. Medidas que probablemente se extenderán todavía más por la propia dinámica económica y las nuevas demandas de los consumidores.

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Como asunto para un futuro a medio plazo se plantea, a mi juicio, la posibilidad de ir trasvasando una parte de la propiedad estatal a la propiedad social. Ello supondría la legalización de la propiedad individual regulada por la ley, de viviendas y terrenos agrícolas principalmente. De una medida de este tipo se derivarían algunas ventajas: democratizar aún más la propiedad, incentivar a los beneficiados, asegurar la propiedad popular ante cualquier eventualidad política que depare el futuro, y consolidar un apoyo a cuanto significa la revolución cubana frente a otras ofertas políticas que pudieran darse.

¿Un futuro de esperanza?
1. La revolución cubana ha sobrevivido porque no llegó desde arriba ni se impuso desde afuera. La hizo la gente. Esta revolución se hizo fuerte debido a cuatro hechos principales: hizo a la nación cubana; trajo la emancipación de la población negra, aunque persita el racismo en segmentos de la población; desarrollo una sociedad con tendencia igualitaria; y logró un gran consenso en la isla.

2. De entre estos factores la nacionalidad cubana es el más sólido en estos días. Los otros factores se han ido modificando y debilitando en algunos grados. Precisamente, Fidel Castro es el referente más neto de la cubanía, de la nación, de ahí su fuerza como líder social. Para una gran parte del pueblo cubano la lealtad a Fidel es algo sencillo, nada complejo, una idea-fuerza superior a la cuestión misma del socialismo que hoy plantea algunos conflictos en el ámbito del pensamiento y de la vida misma. Por eso mismo la desaparición de Fidel Castro será vivida de manera intensa.

3. Me gusta pensar en Cuba con esperanza. Quiero creer que los dirigentes cubanos, particularmente ese arsenal de cuadros que rondan los cuarenta años, sabrán adelantarse a los acontecimientos. Los cambios formidables que se vienen prodigando en el mundo plantean a la izquierda y al socialismo el desafío de repensar objetivos, valores y conceptos. Como no hay modelos para siempre la revolución cubana exige desde adentro un número de transformaciones.

4.Frente a Cuba, en las costas de Florida y en Europa, los enterradores esperan con la pala en alto. Entre ellos destacan gentes que se dicen de izquierda; bastantes de ellos fueron estalinistas. Todos ellos tienen huellas que borrar. Yo prefiero seguir siendo solidario desde el ejercicio de la crítica, con una revolución valiente que se rebela ante el servilismo y la explotación. A veces pienso que Cuba es para el Imperio como el esclavo que se escapó de la plantación y al que hay que azotar en la plaza pública para escarmiento de los demás. En esa lucha desigual es ético estar con Cuba.

El reconocimiento de las victimas. Daniel Innerarity

El reconocimiento de las víctimas.(El Diario Vasco, 12 de abril de 2007)

Si dentro de un tiempo, al explicar a nuestros hijos lo que ha pasado en el País Vasco durante estos años, tuvieran dificultades para entender que aquí se mató por ideas políticas, que hubo asesinatos, torturas y estrategias deliberadas de imposición y exclusión, si aquello les resultara literalmente algo increíble, eso significaría que las cosas han ido bien, que se ha asentado en nuestra sociedad el principio de que ningún proyecto político justifica el asesinato de personas inocentes. Una sociedad no supera la violencia ni mediante el olvido ni mediante la memoria, sino cuando la violencia se le ha vuelto literalmente incomprensible. Puede que ésa sea la clave de deslegitimación social del terrorismo: cuando en una sociedad se agota la credibilidad del discurso que vinculaba la violencia con algún esquema justificatorio, los actos de violencia quedan mudos, sin sentido, incomprensibles. Y en el final del proceso se convierten en algo inaudito, difícil incluso de creer. Pero no estamos en ese momento, sino en otro mucho más cercano a unos acontecimientos que nos interpelan desde un pasado reciente y todavía se ciernen sobre nosotros como una posible amenaza. Porque conviene no desdramatizar los acontecimientos, ni quitarse de encima una responsabilidad que afecta, aunque sea de diversa manera, a todos. Quienes hemos asistido a esta tragedia no podemos echarla al olvido sin plantearnos qué pudimos hacer mejor y, sobre todo, cómo debemos recordarla para evitar que se repita en el futuro.

En la película Ararat, de Atom Egoyan, en la que se narra el genocidio del pueblo armenio a manos del Estado turco (algo que sigue siendo negado por Turquía), se recoge el relato de una mujer alemana que ha visto cómo los soldados turcos cometían actos de una crueldad innombrable contra mujeres armenias. La testigo termina su narración con esta frase: «Ahora, ¿qué voy a hacer con mis ojos?». Ésa es efectivamente la pregunta ética fundamental después de la violencia. A partir de ahora, ¿cómo hemos de mirar, recordar, contar de tal manera que se reconozca a las víctimas, se deslegitime la violencia y se pueda divisar un horizonte de reconciliación? La paz nos exige otra forma de mirar al pasado, al presente y al futuro. Y es que cuando se ha alcanzado la paz queda todavía lo más difícil: superar el odio y el sectarismo, construir la confianza y eliminar el miedo, reconstruir el respeto a la ley y su no instrumentalización. Queda, sobre todo, el problema de la «memoria justa» (Ricoeur), cómo digerir las atrocidades del pasado y cómo ayudar a las víctimas a recuperar la esperanza.

Para reconocer adecuadamente a las víctimas, para entender en qué debe consistir ese reconocimiento, lo primero que ha de hacerse es tener en cuenta qué tipo de daño se les ha hecho. Hacer justicia a la víctimas es reparar un triple daño: reparación del daño personal en la medida en que sea posible, reconocimiento de la ciudadanía de las víctimas y reconciliación, que no quiere decir que todos estemos de acuerdo, sino que la convivencia política esté construida, sin perjuicio del normal antagonismo democrático, desde los principios de igualdad, pluralidad e inclusión.

La idea de reconocimiento es fundamental cuando se trata de reconstruir el carácter de sujetos políticos activos a quienes se había despojado violentamente de esta capacidad. La experiencia de ser víctima es, ciertamente, un sufrimiento físico, pero también el signo de un desprecio injustificado que consiste en una reducción o aniquilación de la capacidad de actuar; la violencia despoja a la víctima de su carácter de sujeto político. Ser víctima no sólo es haber sido dañado en su integridad física sino haber sido expoliado de su pertenencia cívica y de su condición de actor político. Es ésta la situación que es preciso superar. Reconocer es restituir a otros el carácter de sujetos políticos. No estamos por tanto ante un problema de redistribución entre personas cuya cualidad de miembros de una sociedad con pleno derecho está asegurada. De lo que se trata es de devolver a determinadas personas la cualidad de co-protagonistas de nuestro destino colectivo.

Desde esta perspectiva cabe entender en qué puede consistir una de las formas de desprecio que se ciernen sobre las víctimas en los momentos de resolución de un conflicto. Y tal vez nos ayude a comprender por qué las víctimas suelen sentirse entonces nuevamente amenazadas y cómo disipar ese temor. Podríamos llamarlo «la amenaza de la simetría». El filósofo Hans Jonas lo formulaba como el temor a que la bondad y la infamia terminen ex aequo en la inmortalidad. Lo que puede resultar más indignante para una víctima, lo contrario del reconocimiento, es la simetría que algunos pretendan establecer entre ellas y sus agresores. Una guerra o un conflicto entre comunidades puede acabar así, pero en Euskadi no ha habido ni lo uno ni lo otro. Ni siquiera los infames episodios de violencia de Estado pueden justificar un esquema de simetría, de tal manera que la culpabilidad estuviera repartida a partes iguales. La violencia no ha sido nunca inevitable, ni cabe justificarla como respuesta adecuada a otra violencia anterior.

Por supuesto que en los conflictos hay sufrimiento en todas partes, pero no todo el que sufre es víctima, según advierte Reyes Mate. Por supuesto que hasta el agresor más despiadado tiene unos derechos que son inalienables. Y además, por exigencia de humanidad estamos obligados a paliar todos los sufrimientos, en la medida en que nos sea posible, pero sin olvidar que no es lo mismo una víctima inocente que un verdugo que sufre. Son dos realidades incomparables, aunque ambas requieran atención. Como afirma Claudio Magris, la igualdad de las víctimas -todas son dignas de memoria y piedad- no es igualdad de las causas por las que han muerto. No se puede invocar el sufrimiento general para diluir las responsabilidades y disolver la inocencia en una culpabilidad igualmente repartida. Sería radicalmente injusto llevar a cabo un reconocimiento indiferenciado a las víctimas, que no distinga el sufrimiento de las víctimas y el de los victimarios. Un error de este estilo fue el que cometió hace unos años el presidente de Italia al equiparar a los fascistas con sus víctimas, error que se ha repetido muchas veces en otros sitios. Esa indiferenciación entre unos y otros parte del cómodo prejuicio de pensar que, rindiendo homenaje a la memoria de todos los que han sufrido en uno u otro lado de un conflicto, las instituciones no debieran pronunciarse acerca de los valores y las motivaciones de sus actos.

La autodeterminacion vasca. Javier Villanueva.

La autodeterminación vasca. Más allá
del mito y el tabú (Hika, 182-183, diciembre de 2006)

Promovida por EA y EB, los dos socios del PNV en el actual Gobierno vasco, se ha debatido en el Parlamento vasco a primeros de noviembre una proposición a favor del “derecho a decidir de los vascos”. Este debate no era muy oportuno en el momento actual, debido a su indiscreta interferencia en el intento de asentar un diálogo político entre todos los partidos vascos que acompañe al proceso del final de ETA y de llevarlo a cabo con la mayor discreción posible. Así lo reconoció, “quizás no era el mejor momento”, el editorialista del Gara (4.11.06). Incluso hasta la proposición sometida a votación reflejaba esta preocupación cuando en un párrafo postulaba proclamar “el derecho de la sociedad vasca a decidir su propio futuro político” y, en un sentido bien diferente, alentaba en otro párrafo la “apuesta por abordar un diálogo integrador y sin exclusiones que permita alcanzar un acuerdo sobre los aspectos básicos de la normalización política”. Sus promotores pretendían, pues, dos objetivos francamente contradictorios: demostrar que son más los que proclaman un genérico “derecho a decidir de la sociedad vasca” no ayuda a “abordar un diálogo integrador”.
A toro pasado, se puede decir que fue un debate menor y que no ha aclarado nada el panorama de la autodeterminación. Es verdad que la mayoría del Parlamento vasco ha votado una vez más -ya va la enésima- a favor de la autodeterminación, cumpliendo así el primero de los propósitos de esta iniciativa. Pero no es menos cierto que ha quedado patente otra cara del asunto: la existencia de una profunda discordancia entre los parlamentarios respecto al concepto mismo de la autodeterminación y respecto a sus contenidos y formas de aplicación. Por decirlo de otra forma, el debate ha puesto al desnudo las carencias “del diálogo integrador” por el que sus señorías dicen que “apuestan”. Pero dado que esto último no revela nada que no se conozca de sobra, tampoco se puede decir que haya empeorado las cosas.
De la diversidad a la unanimidad. En otros momentos de su historia, el mundo nacionalista-vasco albergaba diversas maneras de entender el derecho a la autodeterminación. Otro tanto puede decirse del mundo marxista, siguiendo la huella de las diferentes concepciones establecidas ya a finales del siglo XIX y las dos primeras décadas del XX: la austro-marxista de Bauer, Renner o su variedad rusa; la de Rosa Luxemburgo; la leninista… Mientras que la derecha ha demostrado siempre un nulo interés por el concepto mismo de la autodeterminación, en cualquiera de sus múltiples significados, sobre todo si entrañaban alguna sombra sobre la unidad nacional española.
En los últimos años ochenta por ejemplo, en el PNV y en Euskadiko Ezkerra va prevaleciendo una versión auto-determinativa que conecta con el austro-marxismo reformador de inicios del siglo XX. En esta versión, la autodeterminación se concibe más que como un acto instantáneo como una dinámica gradualista de auto-administración que se realiza a través de la democracia y el autogobierno, mediante una distribución federalizante del poder a las comunidades territoriales y/o nacionales. Simultáneamente, el mundo de Herri Batasuna y ETA se va empapando de una curiosa mixtura entre dos concepciones a cual más radical: por un lado, la leninista, que la concibe como un derecho universal y unilateral de los pueblos a disponer de sí mismos, ilimitado e incondicionado, cuya realización siempre va unida a un acto instantáneo, y, de otro lado, la etnicista de Guy Heraud, como derecho colectivo fundamental, anterior a los estados y a la propia organización democrática, que es previo al ejercicio efectivo de todos los demás derechos humanos individuales, cuyo sujeto son los grupos étnicos, de fundamento iusnaturalista, y que en esos años alcanza un éxito extraordinario en la parte del clero vasco identificada con la izquierda abertzale.
El intenso debate que precedió a la primera declaración del Parlamento vasco a favor de la autodeterminación, efectuada el 15 de febrero de 1990, confirmó la diversidad de concepciones en el mundo nacionalista vasco, dentro de la cual, pese a que en ese momento todavía mantuvo una posición predominante la versión gradualista sostenida principalmente por Euskadiko Ezkerra y el PNV, se pudo observar ya un creciente deslizamiento favorable a las versiones más radicales y maximalistas.
En los últimos años, desde el pacto de Lizarra por marcar una fecha, hay una alta homogeneidad en el modo de concebir la autodeterminación por el mundo nacionalista-vasco. Dicho de manera clara y breve, desde entonces prevalece un nuevo canon de interpretación que asume plenamente la versión más radical y maximalista: como una capacidad de decisión política absoluta y unilateral, ilimitada e incondicionada, innegociable e irrenunciable, un punto cero de la democracia, que los demás tienen que reconocer incondicionalmente, que se realiza a través de un acto instantáneo (una consulta, un referéndum)… Hasta tal punto predomina esta interpretación que las otras formas de entender la autodeterminación más matizadas y gradualistas, antaño bien reconocibles, apenas se manifiestan en público y son hoy día una auténtica rareza.
Bajo el mito y el tabú… Cada vez que se habla a favor o en contra de la autodeterminación, lo políticamente correcto en amplios ambientes es que lo hagan como si se tratara de un mito (en su doble sentido: de leyenda simbólica de carácter religioso y de cosa falsa, inventada o imaginaria) o bien de un tabú (lo que está terminantemente prohibido), esto es, como si fuera una cuestión sagrada en ambos casos, lo cual concuerda con el origen religioso de esos dos términos.
Las consecuencias de esto no son nimias.
El objeto de la reflexión, el derecho a la autodeterminación, deja de ser una idea discutible como todas para convertirse en sus manos en materia intocable, sagrada. Cuestionar la ortodoxia es un auténtico tabú, que sitúa automáticamente a quien lo hace a extramuros, en el bando de los otros. Matizar y relativizar el concepto mismo de la autodeterminación va a contracorriente. No se ve sentido al empeño en distinguir -para no mezclar ni confundir unas cosas con otras- su triple dimensión histórica: un criterio o principio político-moral para organizar el poder público, un movimiento político-social o un hecho pro-autodeterminativo concreto, un derecho positivo que convierte en ley los impulsos provenientes de las ideas o los hechos. No se pueden mentar siquiera sus puntos débiles o sus consecuencias perturbadoras, que las tiene como cualquier otra idea u obra humana, etc. Así que, en ese ambiente, hoy por hoy casi nadie se anima a poner en entredicho el canon de lo políticamente correcto: a nadie le gusta que le miren como un bicho raro o como un traidor. Y por eso, a lo más que se llega es a considerar como materia discutible y negociable el ejercicio o la aplicación del derecho.
Otro tanto cabe decir del mundo anti representado política e ideológicamente por el PP y por una vasta intelectualidad que pierde los estribos cada vez que sale a la palestra el asunto de la autodeterminación. En su caso se da el mismo miedo a moverse y a no salir en la foto, la misma rigidez, la misma sacralización, la misma renuencia a revisar sus propios argumentos, idéntica resistencia a considerar las razones contrarias, el mismo horror a examinar las consecuencias que acarrea su posición, el mismo vértigo ante la posibilidad de asomarse al cuestionamiento de las ideas que más identifican (en este caso una cierta idea bastante cerrada de España). De modo que su único criterio es señalar lo prohibido: que “la constitución no reconoce a los vascos ningún derecho de autodeterminación”, que “los vascos nos autodeterminamos dentro de España”.
Así las cosas, con un debate sometido al imperio del mito y el tabú, no puede prosperar una discusión racional sobre la autodeterminación. No hay diálogo, no hay intercambio de razones, no hay deliberación… unos y otros no se escuchan de verdad ni atienden sus respectivos argumentos, que solamente se tienen en cuenta para ver si pueden devolvérselos, como un boomerang, al adversario político. Cada parte ha de seguir un guión muy endeble sustentado en las medias verdades o las medias mentiras, en frases rotundas aunque no aclaren nada, en silogismos en bárbara más que en razonamientos consistentes, en concebir la doctrina como trinchera de separación del otro y como arma para embestir contra él, en argumentos exageradamente simplistas y reduccionistas, en la repetición hasta el aburrimiento, como si fuera un mantra, de apenas media docena de aparentes ideas.
Y también bajo el cálculo. Sería ingenuo pensar que detrás de esta confrontación no hay más que un choque de dogmas incompatibles entre sí. A mi juicio, cada vez parece más claro que responde, además, a un frío cálculo del propio interés político-electoral, y, a partir de ello, a una destacada obra de ingeniería político-ideológica, puesto que se trata de canalizar los sentimientos de la ciudadanía en concordancia con dicho cálculo.
Entre los partidos de confesión nacionalista-vasca hay una lucha por la primacía dentro de su mundo, que lleva a su vez a una pugna al alza por la representatividad de la radicalidad nacionalista. En este caso, el cálculo exige borrar las fronteras ideológicas que se habían levantado en las décadas pasadas entre un nacionalismo moderado y un nacionalismo radical, entre otros asuntos en lo relativo a la manera de entender la autodeterminación. ¡Aquí, nadie quiere parecer menos nacionalista!
Dentro del nicho electoral al que pretende representar el Partido Popular ocurre algo parecido. En su pugna con el Partido Socialista por el acceso al gobierno, el PP ha decidido que debe concentrar todo el voto de la derecha y el centro-derecha, incluida la extrema derecha, y que, para esto, debe satisfacer plenamente el sentimiento nacional español más cerrado e, inseparablemente unido a éste, un sentimiento anti respecto al conjunto del nacionalismo-vasco. Su cálculo es que este cierre genere una reacción de desprecio a España por parte del bando pro, y que, una vez conseguido esto, puedan parasitar en ese clima de agravio y no se vean apremiados a tener que hacer ningún movimiento.
No quiero decir con esto que el cálculo político sea en sí mismo una perversión. Determinar o calcular cuáles son los intereses particulares de los partidos y cual es la forma de satisfacerlos es consustancial a los sistemas democráticos parlamentarios. Lo problemático viene a continuación: considerar como un absoluto el punto de vista particular, perder de vista la pluralidad de la sociedad y su radical diversidad que incluye tantas veces un conflicto de bienes inconmensurables, utilizar doctrinas y creencias (por ejemplo, sobre el derecho a la autodeterminación) como herramientas instrumentales para mejorar la propia posición en la lucha por el poder, servirse de un tipo de comunicación entre los partidos y la ciudadanía que sustituye las razones por las consignas y el adoctrinamiento, sostener el discurso político en la exageración, en una dramatización y sobreactuación que raya tantas veces en el cinismo…
Una pregunta inquietante. ¿Hasta qué punto está penetrando en la sociedad esta sacralización de la autodeterminación? ¿Se está conformando una realidad sociológica y un sentimiento popular, por una parte y otra, que consolidarían la confrontación actual (y la incomunicación que la sustenta) e impedirían de raíz toda posibilidad de un tratamiento más racional y razonable del conflicto de intereses y perspectivas que tenemos entre manos? De ser así, estaríamos en una situación muy preocupante.
De momento, la evolución negativa más clara a este respecto es la que se está dando en la España que intenta representar el PP, sometida a un incesante bombardeo de ideas y actitudes manifiestamente cerradas y hostiles a una revisión de la definición de España que satisfaga más y mejor a la parte minoritaria de la ciudadanía española representada por unos nacionalismos periféricos distintos y alternativos al nacionalismo español.
En la parte de la sociedad identificada con las distintas opciones nacionalistas-vascas, la evolución de las cosas, lejos de ser tan clara, tiene algo de desconcertante. Por un lado parece que ha habido un avance neto de la unanimidad nacionalista y de la radicalidad en el sector más ideologizado, sobre todo en la élite política e intelectual. Sin embargo, el cuadro electoral de esta década -con manifestaciones tan contrarias como los resultados del 2001 y el 2005- muestran que los movimientos de esa parte de la sociedad vasca no son tan unívocos ni tan unidireccionales. El lehendakari Ibarretxe tocó el cielo en las elecciones del 2001 y perdió uno de cada tres votos en las del 2005,
El nudo principal. A primera vista estas dos posiciones, pro y anti, parecen definir dos campos antípodas, pero lo cierto es que tienen en común cosas sustanciosas.
En ambos casos, la posición propia sobre la autodeterminación (pro o anti) se considera como algo sagrado y, por tanto, un asunto cerrado; no hay nada que discutir. Por eso, tanto la mitificación de la autodeterminación como su satanización van acompañados de una ristra de contundentes adjetivos (irrenunciable, innegociable, inalienable, indivisible, indiscutible, inagotable…) que además son en un caso u otro perfectamente intercambiables.
Por otra parte, en este antagonismo (pro / anti), curiosamente, ambas posiciones se alimentan entre sí, como parásitos que no pueden estar el uno sin el otro, incapaces de salirse del círculo vicioso en que viven de hecho. De modo que hay un interés convergente en mantener las cosas en los términos en que hoy están. En el fondo, comparten una posición conservadora: el miedo a que la desacralización les desnude.
Quienes consideren poco razonable esta comparación acerca de cómo se sitúan ante el asunto de la autodeterminación el conjunto del nacionalismo-vasco y el mundo al que representa el PP han de tener en cuenta una observación fundamental. Me refiero al hecho de que, en la situación política e institucional actual, bajo la amplia capacidad de decisión propia o autogobierno que posibilitan las instituciones emanadas del Estatuto vasco y del Amejoramiento foral navarro, no está justificada la diferencia ontológica que algunos establecen entre la posición pro y la posición anti, como si la primera tuviera un contenido inequívocamente libertario y la segunda un significado netamente antidemocrático y reaccionario.
Es obvio que esta mirada binaria resulta muy confortable, pues adjudica un plus de superioridad moral y política a quienes la sostienen. Algo sé de esto, pues he sostenido y compartido esa creencia autocomplaciente durante años. Pero las cosas ya no son así.
Aquí y ahora, en esto de la autodeterminación, no estamos asistiendo a una película de buenos y malos, los primeros a favor de ella, los segundos negando por la fuerza un derecho democrático. Aquí y ahora, a este respecto, no hay una confrontación entre una supuesta legitimidad democrática (de una mayoría de la sociedad vasca a favor del derecho a decidir) y una legalidad impuesta arbitrariamente por una mayoría española y ajena a la sociedad vasca. La realidad social y política, esto es, la evolución de nuestra sociedad, y, con ella, de nuestro sistema político, desde el franquismo y la transición post-franquista hasta hoy, desmiente ese esquema en la actualidad, desautoriza el maniqueísmo que lo sustenta y coloca las cosas en otro plano distinto: en la existencia de un conflicto de criterios y de intereses y de perspectivas entre diferentes maneras de entender el bien general.
Abriendo otros caminos. Afortunadamente, no todo el mundo está preso del mito y el tabú. Por ejemplo, en el diálogo político que se ha abierto para favorecer el incipiente proceso del final de ETA, el presidente del PNV Josu Jon Imaz maneja un concepto de pluralidad, de la necesidad del pacto (tanto en el interior de la sociedad vasca como con el resto de la sociedad española) y un criterio de auto-limitación en el mismo para que pueda representar ampliamente las diversas sensibilidades existentes, cuyo trasfondo desborda ampliamente el canon sagrado de lo correcto y lo prohibido. Otro ejemplo: el PSE, cuya dirección se ha pasado en bloque -con el aval de ZP- a una línea de argumentación más flexible y ya no a la defensiva: centrada en la afirmación de otra idea del derecho a decidir o de autodeterminación, desde una perspectiva no nacionalista, ni vasca ni española, pero que integra ambos sentimientos de pertenencia, y en una voluntad política abierta al diálogo entre diferentes.
Estos dos ejemplos apuntan en la misma dirección: hacia un compromiso en la exploración de la posibilidad de pactar una interpretación común del derecho a decidir o derecho de autodeterminación. ¿Cabe definir un terreno de coincidencias y divergencias sobre esto que podamos compartir el conjunto de la sociedad vasca habida cuenta su pluralidad? Lo menos que se puede decir a estas alturas es que, para responder a esta pregunta, hay que adentrarse en la exploración concreta de esa posibilidad.
No oculto, por mi parte, que me gustaría que tal cosa fuera posible y que la considero muy conveniente para civilizar y encauzar el conflicto de intereses y perspectivas que aquí tenemos. Pero, dicho esto, añadiré que, como creo que ello no puede venir sino de la mano de una desactivación de la actual sacralización doctrinal y esto no se puede hacer de la noche a la mañana sino que requiere su tiempo, habrá que tratar de hacer otro cesto de momento y con otros mimbres. Así que, de momento, habremos de plantearnos otras metas más accesibles: asegurar una normalización civilizada de nuestra convivencia y conseguir algunos progresos en lo relativo a la interpretación de la autodeterminación.
Por ejemplo, sería un progreso reconocer que compartimos una concepción de la libre decisión o autodeterminación como ejercicio cotidiano y normalizado de la democracia, que se materializa mediante las formas indirectas de participación política en los distintos ámbitos institucionales de los que formamos parte: municipal, provincial, autonómico, español, europeo, y se restringe en todo caso a lo que es propio de cada ámbito. Esta acepción del derecho a decidir está presente en la Declaración de febrero 1990 sobre el derecho de autodeterminación aprobada por la mayoría absoluta del Parlamento Vasco con los votos de PNV, EA y la desaparecida Euskadiko Ezkerra.
También lo sería reconocer que compartimos el derecho a ratificar mediante un referéndum la reforma de nuestro régimen político tanto en su vertiente interna (el pacto entre los ciudadanos y ciudadanas de la comunidad política) como externa (el pacto con el resto de la ciudadanía española y, de rebote, con la UE). Cosa que está incluida en el Estatuto Vasco de 1979 y de la que se “olvidó”, por cierto, el Amejoramiento navarro por miedo a las formas de democracia directa mediante un falso pretexto “foralista”.
El tercer escalón es más complicado. ¿Cuál es el término medio entre un modelo de relación confederal que no satisface en absoluto al grueso de la sociedad española y un estado de las autonomías que no satisface suficientemente al grueso del nacionalismo vasco? No se sabe de antemano, no está trazada la raya, no hay una respuesta ideal a esta pregunta. Pero sabemos que las circunstancias actuales (de toda clase: políticas, sociales, la internacional, la estatal, la Unión Europea, etc.) no son las de la transición post-franquista ni tampoco las de las dos experiencias republicanas habidas.
José Mª Ruiz Soroa ha fijado el otro meollo del asunto, sobre todo para el caso de que fracase la aproximación de posiciones, en un reciente artículo: “…en el fondo no nos tomamos la democracia en serio, en el sentido de someternos a sus consecuencias obligadas en el tema nacional. Entre ellas descuella la de que no puede excluirse constitucionalmente la posibilidad de que una parte de la población quiera secesionarse del resto. Este hecho será sin duda un fracaso de la convivencia, será un ultimum subsidium, pero es un hecho y hay que regularlo en forma accesible para la minoría afectada. En un Estado de Derecho los hechos desagradables no se esconden, sino que se normativizan”. (“El bricolaje como solución”. El País, 8.11.06). En este caso, ¿cómo se guisa esta regulación de las posibilidades de secesión que no parece posible sin una reforma de la constitución y por tanto si no se cuenta con la mayoría suficiente para llevarla a cabo? ¿Estamos ante una tarea ajena al nacionalismo-vasco y que sólo interesa y compete a los “españoles”?
Creo que en estas cuestiones hay materia de sobra para una discusión de la autodeterminación que sea realmente fructífera. Y creo también que sin progresar por estos caminos no podremos achicarle el espacio al mito y al tabú.

El tercer mito. Joseba Arregui.

EL TERCER MITO (EL CORREO DIGITAL, 12/01/07):
Puede que José María Ruiz Soroa tenga razón cuando escribe en estas mismas páginas (7-1-07) que para resolver los problemas que afectan a la política vasca, y también a la sociedad vasca, aunque no estoy tan seguro, sería necesario renunciar a dos mitos. Por un lado los nacionalistas deberían renunciar al mito de la autodeterminación, entendida ésta como acto único fundacional y con capacidad casi milagrosa de producir una realidad nueva. Por otro lado los españoles, escribe el autor citado, y me imagino que incluye a todos los que no se identifican exclusivamente con Euskadi como su ámbito de referencia político, deberían renunciar a hacer un tabú del debate sobre la autodeterminación, admitiendo que en determinadas circunstancias dicho ejercicio pudiera ser aceptable y aceptado, al estilo, me imagino, de lo formulado por la Corte Suprema de Canadá para el caso de Quebec.
No me cuesta nada pensar que puede haber en Euskadi bastantes ciudadanos que podrían suscribir lo expuesto por Ruiz Soroa, empezando por quien escribe estas líneas. Quedan, a pesar de todo, no pocas cuestiones a esclarecer. Habría que aclarar, por ejemplo, cómo se garantiza la eficacia de la renuncia nacionalista a la autodeterminación, si basta una mera declaración, si se requeriría una decisión de sus máximos órganos y de un congreso, por ejemplo del PNV, para adoptar solemnemente una decisión parecida. Todo ello ante el trasfondo de que lo que dice la Corte Suprema de Canadá es fácticamente practicable también en el caso español. Algún líder socialista vasco lo ha afirmado recientemente: si una clara mayoría de la sociedad vasca lo quiere, nada se puede oponer.
También habría que preguntar -dirigido especialmente a los políticos que se están acostumbrando a escudarse en lo que la sociedad quiere o deja de querer, en lo que la sociedad pudiera querer o dejar de querer, en lugar de ejercer liderazgo político y defender su posición, más allá de que tenga o no tenga la mayoría en la sociedad en un momento dado, y defenderla porque cree que es un valor fundamental sobre el que construir el futuro de esa sociedad- si el valor del pluralismo y de la complejidad de la identidad vasca y del sentimiento de pertenencia de los ciudadanos vascos es un valor positivo o un problema. ¿Es un valor a preservar y desarrollar, o a tratar de superar? ¿Están vinculados el pluralismo y la complejidad citadas con el ejercicio práctico de la libertad en Euskadi?
En cualquier caso, y para la maduración que exige el autor citado, quizá sea exigible no sólo la superación de esos dos mitos, sino también la de un tercer mito: el mito de la sociedad cohesionada, el mito de la unidad de la sociedad, el mito que hace soñar con la superación de las divisiones fundamentales de la sociedad, el mito de la integración política, el mito rousseauniano que nos persigue.
Lo que está sucediendo en todos estos largos años -y que el PSE dijera que la razón para asistir a la manifestación de mañana sea la búsqueda de la unidad, en contra de la forma de la convocatoria, en contra del lema elegido para la manifestación y en contra del riesgo de la participación de Batasuna es muy significativo-, la división en la política vasca, y en la sociedad vasca, quizá no sea más que la continuidad del destino que parece deducirse de la misma historia vasca, una historia en la que el hilo conductor no parece ser otro que la división entre vascos, una larga tradición que tras la liquidación de la identidad vasca del XIX sustentada en la doble lealtad -a España y al País Vasco, a Euskal Herria- encuentra en la escisión de los imaginarios, el nacionalista y el liberal socialista, su continuidad.
Quizá sea ese sueño de la sociedad vasca integrada, cohesionada, superando su propia historia de división el mito que debamos superar para llegar a la maduración. Decir adiós a ese sueño y aceptar que la realidad vasca es la que es: una realidad escindida en el momento de simbolizarla, aunque en la realidad de la vida diaria sea mucho más homogénea de lo que dejan ver los imaginarios.
Si eso fuera así, y no faltan razones para considerarlo al menos, no nos encontraríamos solos. En el conjunto de España la división política también salta a la vista sin que, de momento, se pueda pensar que dicha división refleje una división social, aunque quién sabe lo que podría suceder en caso de recesión económica. Pero puede que, contra la intención de sus promotores, toda la aventura de la recuperación de la memoria histórica, o de la memoria colectiva, no conduzca más que a establecer la continuidad de la historia de división, también tan tradicional en España.
Y ni siquiera otras sociedades se libran de la necesidad de enfrentarse a ese mito. El XIX fue un siglo de profundas divisiones en la mayoría de las más importantes sociedades europeas y occidentales, divisiones que se superaron a duras penas. Las dos guerras mundiales no pueden entenderse sin referirse de alguna manera a ese problema de las tensiones desintegradoras presentes desde los comienzos de la modernidad en todas las sociedades modernas. Y lo que algunos sociólogos recrean como la edad de oro de la modernidad, los pocos años en los que el Estado del Bienestar ha funcionado dando cohesión a las sociedades, ahora que la globalización parece que lo está arrinconando, no han sido más que un suspiro en la historia de las sociedades, un suspiro que se trata de construir como el estado normal hacia el que debiéramos avanzar los que todavía no lo hemos conseguido, que debieran preservar quienes lo alcanzaron, y todos recordar como una especie de momento paradisíaco, como mito con capacidad de dar sentido a la por lo demás ingrata realidad histórica en la que las divisiones vuelven a aparecer con mucha fuerza.
Nada de todo esto, sin embargo, debe servir de consuelo en estos momentos en los que ETA ha vuelto a atentar y matar, y con ello ha vuelto a hacer añicos las esperanzas de muchos ciudadanos vascos, que probablemente tampoco estaban unidos en la esperanza, porque la concebían de formas radicalmente distintas: unos, como esperanza de dar, gracias a la tregua y a la paz que aportaba ETA, un salto hacia el nuevo marco jurídico-político-institucional soñado: otros, simplemente como libertad de ciudadanos no amenazados, como la libertad de seguir pensando y sintiendo a Euskadi de forma distinta a la norma del nacionalismo vasco, sin que su vida corra peligro.
¿Será posible acabar con ETA? Hubo un tiempo en el que muchos creímos que sí. Hubo un tiempo en el que pudimos afirmar que se había acabado el mito de la imbatibilidad de ETA. Hubo un tiempo en el que muchos pensamos que acabar con ese mito nos hacía más libres. Y que la condición de esa libertad radicaba, entre otras cosas, pero de forma muy importante, en el aislamiento político de Batasuna, raíz de un profundo debilitamiento de ETA. Y hubo un tiempo en el que muchos pensamos que ese poco de mayor libertad conseguida en ese contexto implicaba que el nacionalismo vasco dejaba de legitimar a ETA, aunque fuera indirectamente por medio de la cobertura que implica la frase de perseguir lo mismo, pero con otros medios.
Algo de todo eso sería de nuevo necesario para perseguir la derrota de ETA, la posible derrota de ETA. Pero vemos a casi todos los partidos políticos corriendo a hablar de nuevo con Batasuna. Vemos a algunos afirmando incluso su disposición a ir al infierno para poder hablar con ellos, siempre con el buen fin y la buena intención de solucionar las cosas -habría que recordarles que ese infierno de ETA-Batasuna existe, que todos los que han ido a él han terminado quemados, que, como muy bien han dicho estos días, no sirve para nada, pero que sobre todo, como dice el poeta, quien allí va debe saber que hay que abandonar toda esperanza, ‘lasciate ogni speranza’-.
Pero en política no cuentan las intenciones, ni siquiera los fines, y estos ni siquiera cuando se consiguen, porque la memoria, aun sin leyes que la promuevan, especialmente cuando no está promovida por leyes, siempre persigue como una sombra fantasmagórica a quien hizo lo indebido para conseguir lo supuestamente debido.

Problemas familiares

Dos amigos se encuentran y comienzan esta conversación.-"Estoy muy mal, tengo problemas familiares",...
El otro le responde:- "¿Tú crees que tienes problema familiares?
Escucha mi situación. Hace unos años conocí a una viuda con una hija y me casé con la madre. Poco después mi padre se casó con mi hijastra. Eso hizo que mi hijastra se convirtiera en mi madrastra y mi padre en mi hijastro. También mi esposa se convirtió en suegra de su suegro. Entonces la hija de mi esposa, mi madrastra, tuvo un hijo. Este chico es mi medio hermano, porque es el hijo de mi padre, pero al ser el hijo de la hija de mi esposa, es el nieto de mi esposa. Esto me hace el abuelo de mi medio hermano. Esto no fue nada hasta que mi esposa tuvo un hijo. Ahora la hermana de mi hijo, mi madrastra, es también su abuela. Así, mi padre es cuñado de mi hijo, cuya cuñada es la esposa de mi padre. Soy el hermano político de mi madrastra, mi esposa es la propia hija de la tía, mi hijo es el sobrino de mi padre y yo soy mi propio abuelo.
¿Y tú piensas que tienes problemas familiares?".

Sobre el Plan Ibarretxe

Ortuella, 15.2.05.
Charla organizada por la asociación cultural Plural Anitzak.

SOBRE EL PLAN IBARRETXE


¿Dónde estamos ahora? ¿En qué punto se encuentra ahora el PI?
Un líder del PNV, creo que Joseba Egibar, dijo hace unos días que la reforma del estatuto no es una carrera de una etapa, sino de varias, como la vuelta al País Vasco. Me parece que hay mejores comparaciones para decir que la reforma estatutaria está tasada y debe superar tres “pruebas”. Primero, se ha de conseguir que una mayoría absoluta del Parlamento vasco apruebe un texto concreto de reforma. Segundo, y posteriormente, que la mayoría absoluta del Congreso de Diputados apruebe el proyecto de reforma como una ley orgánica del estado. Tercero, que sea aprobado finalmente los ciudadanos de la CAV en un referéndum.

¿En qué punto se encuentra ahora el PI?
No está claro pues hay una divergencia de respuestas muy profunda. Unos dicen que el Congreso de Diputados la ha devuelto al Parlamento Vasco porque el texto aprobado por éste se ha propasado y se ha metido en terrenos para los que no tiene competencia. Según éstos, el PV tendría que volver a empezar otra vez la faena. Otros dicen que se le ha dado un portazo al pueblo vasco y que eso no se puede aceptar y que las próximas elecciones deben reforzar la propuesta con una nueva mayoría absoluta y deben reforzar la exigencia de que el Congreso acepte negociar su traslación al ordenamiento jurídico.

Pero centremos más el asunto. El cómo va a repercutir el resultado electoral en el PI tiene bastante morbo, ciertamente, pero no es lo central. A mi juicio, lo central del asunto es tener un criterio claro sobre estas preguntas u otras similares: ¿qué es el PI? ¿Es importante? ¿Nos cambiaría la vida si saliese adelante?

¿Qué es? El proyecto de nuevo estatuto político de la Comunidad de Euskadi aprobado por la mayoría absoluta del Parlamento vasco el pasado 30 de diciembre es más que una reforma del estatuto. Lo cambia de arriba-abajo. Cambia sus conceptos fundamentales: ya no seríamos una autonomía dentro del estado español sino una comunidad política libremente asociada al estado español, la diferencia es significativa e importante. Cambia casi toda su letra: apenas queda nada del anterior. Cambia el alcance de sus competencias: el nuevo va mucho más lejos. La libre asociación de Euskadi con el estado español, desde el punto de vista político, responde a un esquema de modelo estatal más bien confederal, sustancialmente diferente del modelo autonómico y también del federal.

¿Nos cambiaría mucho la vida si saliese adelante tal cual está ahora? ¿Es verdad que la mejoraría notablemente, como afirman quienes lo justifican o aplauden? Esta es la pregunta esencial. Para mí, lo más importante es examinar esto: si el PI, tal cual está ahora, es un nuevo pacto político para la convivencia que merece la aprobación de todos porque mejora, en efecto, la convivencia de los vascos entre sí y porque mejora el modelo de relación con el estado español.

Sería temerario por mi parte ponerme a especular sobre cuánto nos cambiaría o no la vida y en qué sentido, si la mejoraría o la empeoraría. No creo que sea conveniente entrar por ahí. Cualquier presunción sería demasiado atrevida y arbitraria.

Pero sin entrar en especulaciones y ateniéndome al punto de vista que he enunciado de si ofrece realmente una perspectiva “razonable” de mejora de la convivencia en ese doble sentido, entre los vascos y con el resto de España, creo que la propuesta aprobada por el Parlamento vasco se merece una crítica contundente a ese respecto.

De momento me quedo aquí, para dar un rodeo y exponer algunas otras cosas que me interesa decir antes de entrar a detallarlos uno por uno.

Primero. Quiero recordar que la iniciativa política que lleva el nombre de Ibarretxe además de ser una propuesta nació con la vocación de ser ante todo y sobre un plan para cubrir unos objetivos políticos inmediatos más o menos confesados.

Con esta distinción de plan y propuesta quiero subrayar que estamos ante una iniciativa compleja, de muchas caras, que no se limita a plantear un cambio político sino que pretende más cosas.

La Propuesta contiene un proyecto concreto de país y un proyecto de relación con España, la libre asociación, que el lehendakari presentó en el Parlamento el 25 de octubre de 2003 y que la mayoría absoluta del Parlamento aprobó el 30 de diciembre de 2004.

El Plan mira en otras direcciones: a la popularización de un programa-horizonte que además de actualizar sus reivindicaciones pueda valerle para las próximas décadas de este siglo XXI, etc.; al mantenimiento de la hegemonía institucional del PNV frente a sus adversarios políticos y por tanto a la disputa del voto que da acceso al poder; a la lucha por la hegemonía interior dentro del nacionalismo-vasco; al desgaste de ETA o la pista de aterrizaje que facilite su final...

Me atrevo a afirmar con rotundidad que hasta ahora ha sido más plan que propuesta. Y me atrevo a afirmar incluso que hoy día, pese a ser ya una Propuesta aprobada por el Parlamento vasco, pienso que sigue siendo más operativo como plan y que sigue siendo más plan que propuesta.


Digo esto, porque presumo que sus valedores saben perfectamente que la Propuesta que han hecho es totalmente inviable en las actuales circunstancias. Y si es así, como presumo, lo lógico es pensar que su verdadero sentido no es el que parece a primera vista sino otro más relacionado con el Plan.

Como propuesta ha tocado techo y está en retirada, se diga lo que se diga, porque como dijo el filósofo-torero, Rafael Guerra “Guerrrita”, lo que no puede no puede ser y además es imposible.

Mientras que como plan, además de poder presentar un balance brillante hasta la fecha, no se puede decir en absoluto que esté agotado. Ahora mismo es la principal munición electoral de PNV-EA. Y la meta principal del conjunto del nacionalismo. Y lo que sigue achicando el espacio a ETA y Batasuna hasta dejarles sin programa nacional, sin resquicio para una alternativa nacionalista verosímil más radical. Y la mejor pista de aterrizaje a ETA para suavizar y “justificar” su abandono de las armas...

Segundo. ¿Qué expresa el texto literal del nuevo estatuto político presentado por Ibarretxe en su propuesta y que ha sido aprobado por el Parlamento vasco? ¿A qué sentimientos y a qué aspiraciones responde?

Creo que expresa de manera muy acabada cómo se concibe desde el nacionalismo-vasco representado por el PNV y EA la solución de sus insatisfacciones políticas, qué les gustaría que se les reconociese, que poderes querrían tener, qué imagen quieren dar de sí mismo, cómo se montarían la vida...

Por ello hay que reconocerle una virtud: que refleja sin duda una parte sustancial de la realidad de este país. Aunque no se compartan para nada sus puntos de vista, es una ventaja poder saber qué es lo que quieren.

El proyecto de nuevo estatuto se estructura en torno a dos insatisfacciones básicas.

Por un lado, refleja la insatisfacción del nacionalismo vasco ante la constitución actual, a la cual le achaca que no reconoce una nación vasca diferente a la española y tan legítima como ésta ni reconoce la legitimidad del nacionalismo vasco y la viabilidad de sus metas políticas.

Para resolver esta insatisfacción, el proyecto de nuevo estatuto incorpora todas las creencias propias del nacionalismo-vasco. Está todo: a) la idea nacionalista de un Pueblo Vasco con identidad propia, asentado en siete territorios históricos y titular de un derecho a decidir su futuro que ha de materializar en los tres ámbitos jurídico-políticos en que hoy está articulado; b) su manera de entender la autodeterminación (Preámbulo, artículos 1 y 13, disposición adiconal); c) su particular manera de concebir la Comunidad de Euskadi (art. 1), sus símbolos (art. 3), la distinción entre nacionalidad vasca y ciudadanía vasca (art. 4), el tratamiento de la diáspora (art. 5), el enunciado unilateral de las relaciones con la CFN y con los Territorios vascos de Iparralde (artículos 6 y 7), la definición del euskera como lengua propia del Pueblo Vasco (art. 8), su manera de entender los derechos históricos (Preámbulo, artículo 12 y disposición adicional); d) su interés por parecerse lo más posible a un estado con su triple poder “soberano”: legislativo, ejecutivo y judicial (Título II); e) el criterio de asignación y autolimitación del poder exclusivo de autogobierno y de lo que queda en manos del “Estado” (Títulos IV y V).

Sólo falta aparentemente la independencia. Pero está implícita, de hecho, en el artículo 13.1 y sobre todo en el artículo 13.3. Y con un procedimiento de voto muy barato: tan sólo requeriría la mayoría absoluta de los votos válidamente emitidos y no haría falta superar un tope mínimo de participación, como la mitad del censo de cada territorio, a fin de asegurar un mínimo de consenso ciudadano y territorial.

Por otro lado, expresa la insatisfacción del nacionalismo vasco representado por PNV y EA ante un sistema político que, a su entender, subordina a la minoría vasca en el conjunto español. La reivindicación de una relación “que no sea de subordinación” es un pilar central de la propuesta Ibarretxe.
Más allá de que esto se formule de manera más o menos adecuada, es menester reconocer el problema real que aquí se plantea: las garantías de todo tipo para las minorías nacionalistas. El nacionalismo-vasco, dado su limitado soporte demográfico, siempre va a ser una minoría en el conjunto del electorado del estado español y en los órganos institucionales comunes o centrales del mismo y siempre va a temer el rodillo de dicha mayoría.

Para resolver esta segunda insatisfacción, la Propuesta Ibarretxe ofrece un proyecto de relación “amable” con el estado español coherente con las creencias del nacionalismo-vasco, y, en particular, con su manera de concebir España - innombrada en el estatuto- como una realidad distinta y exterior y ajena a la realidad vasca (Título I).

Además de esa visión de España como realidad exterior, otra clave fundamental del modelo de “encaje” con el “estado español” es un criterio “soberanista” estrictamente bilateral, que en último término se supedita a la decisión de la sociedad vasca (Título I).

Por decirlo con otras palabras, el nacionalismo-vasco representado por PNV y EA defiende una fórmula de relación confederal. La idea central de este modelo confederal es que las partes ponen en común unas pocas cosas, muy pocas, se reservan para sí el grueso de las competencias en exclusiva, y se reservan también la capacidad de decisión última sea de las instituciones vascas sea de la sociedad vasca.


Tercero. Hay que tener en cuenta el valor simbólico para el mundo nacionalista-vasco del plan Ibarretxe. Lo que quiero decir con esto es que esta iniciativa política ha conectado profundamente con las creencias fundamentales del mundo nacionalista-vasco: es símbolo del “gran cambio” que nos hace libres, de la realización del sueño autodeterminativo (el “ser para decidir”) sin injerencias, el día D en que todo es distinto... de que Euskal Herria “quiere tener la palabra y la decisión” (igual que en Lizarra), el reconocimiento definitivo de Euskal Herria por el Estado y en consecuencia por la comunidad internacional... la ilusión de que trae consigo la “pacificación” (el final de ETA) y la “normalización” (la resolución del “conflicto vasco”). Quiero decir, por tanto, que el Plan Ibarretxe se ha incorporado a los grandes mitos del nacionalismo-vasco y que hoy día cumple a la perfección todas las funciones principales de los mitos: es una gran meta y es el método para llegar a ella y es el motor para poder conseguirla.



Aquí, en esta conexión íntima con el mundo de los sentimientos y de los símbolos, radica su fuerza ciertamente. Pero también ahí está su mayor debilidad, para decirlo todo, porque esas creencias, esos símbolos, esos sentimientos, esas ilusiones, esos afectos, esos mitos-metas-motores... no son compartidas por la parte no nacionalista de la sociedad vasca. Un servidor, por ejemplo, se esfuerza por entenderlos y los respeta desde luego, pero no los comparte. No son mis sueños, ni mis afectos, ni mis metas y motores...


Cuarto. Hay que interpretar acertadamente qué significa el NO del PP y del PSE en el Parlamento vasco y el NO de la inmensa mayoría del Congreso, de la misma forma y por la misma razón que nos debemos exigir una interpretación atinada de qué es lo que pretende el nacionalismo vasco.

El nacionalismo-vasco no debe engañarse sobre el alcance y significado del “no” del Congreso. Un contrato asociativo entre dos tiene que interesar o satisfacer a ambas partes. Pues bien, el “no” del Congreso expresa de forma clara que los representantes del conjunto de la ciudadanía española no están interesados:

a) en un proyecto que concibe España -innombrada en el nuevo estatuto- como una realidad distinta y exterior y ajena a la realidad vasca (Título I);

b) en un modelo de “encaje” con el “estado español” basado en el criterio “soberanista” y bilateral (Título I), donde “la parte” vasca deja de ser parte del todo o conjunto para convertirse en un par del todo (en otro todo) puesto que se reserva para sí el grueso de las competencias en exclusiva y se reserva también la capacidad de decisión última sea de las instituciones vascas sea de la sociedad vasca;

c) en un modelo de relación que reduce la presencia y competencia del estado común en el País Vasco (artículo 45) a unas pocas faenas costosas y poco interesantes para el gobierno vasco: el ejército, las embajadas, el sistema monetario, el sistema aduanero, la marina mercante, las armas y explosivos, la legislación (penal, penitenciaria, procesal, mercantil, civil, etc.), que en buena parte además están siendo absorbidas por la Unión Europea;

d) en un proyecto que plantea la duda razonable de si se está renunciando a plazos al País Vasco dada la confesada inclinación del conjunto del nacionalismo vasco a buscar una incorporación a Europa sin pasar por España.

Dicho de otra forma, mediante el “no” del Congreso le han expresado a Ibarretxe de forma categórica que ese modelo de estado no puede ser un punto de encuentro. Le han dicho que proponer un arreglo amable con el estado español en contra de quienes representan a la inmensa mayoría de la población es un sin sentido. Por tanto, no se trata sólo de un rechazo formal, de decirle que su proyecto exige un cambio sustancial de la actual constitución. Le han dicho sobre todo que no están a favor de un cambio como el que propone. Una divergencia de intereses nada difícil de entender si se mira bien.

Es fácil de entender que el modelo más bien “confederal” de la Propuesta Ibarretxe resulte muy cómodo para el nacionalismo-vasco. Además de que cubre todas sus expectativas de “soberanía” y de garantías de la misma y de que no contradice su doctrina central, le aporta la ventaja de solventar mejor algunas faenas propias de los estados. Pero, por razones similares aunque contrarias, no es difícil de entender que ese modelo no resulte nada atractivo para la otra parte contratante y tanto menos si se trata de los representantes de un conjunto estatal, como es el caso, con cierta solera histórica y que en la actualidad representa a una sociedad de ciudadanos que no está en ruina total sino que tiende más bien a lo contrario.

Por otra parte, el nacionalismo-vasco identificado con la Propuesta Ibarretxe debe entender que el hecho de “colocar” en el estatuto vasco prácticamente todas sus creencias fundamentales, todos sus dogmas doctrinales, no es una forma razonable de concretar la demanda de reconocimiento. La propuesta Ibarretxe consagra Euskadi al nacionalismo-vasco (ver anexo 1) como cuando antaño se consagraba un país a una religión. Cosa que además de exhibir un feo sectarismo no es coherente que lo haga un nacionalismo-vasco que esgrime ese mismo argumento pero en sentido contrario para deslegitimar a la constitución española. Si durante 27 años el nacionalismo-vasco ha criticado con razón el artículo 1.2 de la constitución (“La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del estado”) y el comienzo del artículo 2 (“La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”), ya que ambos expresan una mirada excluyente para el nacionalismo vasco u otros nacionalismos periféricos, no está bien que ahora pretenda hacer algo muy similar en la propuesta de nuevo estatuto político de la Comunidad de Euskadi.

Vuelvo ahora al asunto central y más importante: el juicio crítico acerca de si mejora la convivencia entre los vascos y acerca de si mejora la relación de los vascos con el resto de la población del estado español.

Mis objeciones principales son estas ocho:

1.- Su planteamiento “monoteista”. Trata de “colocar” en un texto constituyente que representa a toda la sociedad vasca lo que son creencias de una ideología particular: la nacionalista-vasca. Las partes del nuevo estatuto que llevan el sello de las creencias y dogmas nacionalistas-vascos son numerosas y de una importancia sustancia. Este sectarismo “monoteista” es insólito hoy día en el mundo liberal-occidental.

2.- Su deficiente consenso. No cuenta de hecho con el consentimiento de una oposición que representa casi la mitad del electorado votante. Y de entrada cuenta con un consentimiento inferior al del estatuto de Gernika que intenta sustiuir. En el ámbito liberal-occidental no se le ocurriría a nadie sacar una reforma muy seria de las reglas de juego (el estatuto y la constitución) en esas condiciones. No es concebible a estas alturas tal “sectarismo democrático”: por ejemplo, que los conservadores se metan en una operación de esa envergadura en contra de los laboristas y prescindiendo de ellos (o viceversa) en Gran Bretaña o que los demócratas prescindan de los republicanos en los Estados Unidos, etc.

3.- Su lógica “unilateralista” y “demediada”. No puede mejorar la convivencia una propuesta exclusivamente centrada en las insatisfacciones, preocupaciones y aspiraciones de una parte de la sociedad y que no ve ni se ocupa ni se preocupa de las insatisfacciones, aspiraciones y preocupaciones de la otra parte de la sociedad. Máxime, cuando todas las evidencias apuntan a que desde hace tiempo esto de la insatisfacción es más amplio y ambas partes se muestran igualmente insatisfechas respecto a los pactos de la transición. Según mis cuentas, están en juego dos insatisfacciones que se expresan hoy día profusamente como tales: por un lado la del mundo “nacionalista-vasco” con el marco político vigente y, por otro, la del mundo vasco “no nacionalista-vasco” con la hegemonía del mismo.

4.- Las categorías fundamentales en que se apoya. Por ejemplo, se ha aferrado a una concepción de la soberanía difícilmente compatible con todo lo que no sea un proyecto confederal-casi-independentista. Es curioso que lo que el PNV ha admitido que no es bueno para hacer el país que quiere, una Euskadi confederal, sea en cambio el criterio al que se acoge en su nuevo pacto de relación con España. Entender el ámbito y el derecho de decisión como algo absoluto, que no puede quedar constreñido por nada ni por nadie, lleva a una incompatibilidad casi absoluta para formar parte del estado español o también de la UE.

5. Las consecuencias negativas que provoca. Un programa puramente frentista y banderizo que refuerza la dinámica frentista y banderiza en la que está instalada la política vasca desde hace seis años. Que acarrea consecuencias frentistas deliberadamente queridas y buscadas o efectos imprevistos o no queridos igualmente frentistas. Ha ahondado la fractura en la clase política, fractura que se va extendiendo progresivamente al resto de las élites de la sociedad vasca (Iglesia, poder judicial, empresarios, intelectuales y profesores universitarios, artistas, profesionales de los medios de comunicación). Genera unas dinámicas bastante negativas: retroceso del consenso y del pluralismo, separa a tajo el campo nacionalista-vasco y el resto de la población. El referéndum culminaría la fractura: todo el mundo sería llamado a alistarse en una u otra orilla. A mi juicio, merece un rotundo suspenso como proyecto de integración de una ciudadanía muy plural en sus inclinaciones y sentimientos.

6.- La exagerada dramatización de su urgencia y razón de ser. Parcialidad y desmesura de las justificaciones que se esgrimen a su favor. Si el cambio de marco político fuera tan dramático y fuera tan necesario y urgente, sería del todo incoherente seguir el camino inviable por el que se ha optado.

7.- La inoportunidad de acometer este movimiento mientras persiste ETA. Para mí, lo de ETA debería haber tenido una prioridad absoluta, porque es el problema principal de la sociedad vasca, por la naturaleza y trascendencia de las consecuencias que genera, de los efectos, aun en este momento en que no está matando, y porque todo lo demás no tiene tanta urgencia. Pienso que el esfuerzo por conseguir el final de ETA debería consumir las mejores energías políticas de los partidos y de la sociedad. Hace dos años y medio, en septiembre de 2002, cuando Ibarretxe propuso su plan por primera vez esta objeción tenía sin duda una consistencia mayor. Entiendo que ahora es más discutible y ambivalente, habida cuenta el menguante papel de ETA en los últimos tiempos. Pero ha de reconocerse que también está jugando con fuego, tratándose de ETA.


¿Quién puede dar garantías de que ETA no esté pensando en la posibilidad de que el plan Ibarretxe pueda rearmarle y “justificar” su persistencia si el desarrollo de las cosas, cuando se constate que el PI no puede realizarse, deja un rescoldo de frustración y resentimiento en la comunidad nacionalista vasca?

8.- Su inviabilidad política. Ibarretxe ha elegido un camino que no lleva a la reforma estatutaria que, según se dice, se pretende conseguir. Además, sigue la lógica del “si no quieres taza toma taza y media”, cosa que o bien no es posible por la propia naturaleza de las cosas o bien va de la mano de un proyecto impositivo-autoritario-unilateralista. Es la lógica de ir de Guatemala a Guatepeor.


En suma, desde la perspectiva interna, propone un estatuto imposible de aceptar por los no nacionalistas vascos. No tiene en cuenta que ese propósito es un imposible, prácticamente, en una sociedad vasca plural y abierta. Si se me permite la licencia de acudir al mundo de la moralidad sexual, Ibarretxe opta por una relación “incestuosa”, por una nación de los nacionalistas-vascos y para los nacionalistas-vascos, en vez de establecer una sociedad de ciudadanos, de todos y para todos.

Desde la perspectiva externa, propone un estatuto imposible de aceptar por los partidos mayoritarios del parlamento español. Proponer un arreglo amable con el estado español en contra de quienes representan a la inmensa mayoría de la población es un sin sentido. Tanto más cuando lo que se propone desborda ampliamente la constitución y exigiría una modificación o reforma sustancial de la misma que debería atenerse al procedimiento establecido. Pretender llevar a buen término esta reforma de la constitución si no se cuenta con el consenso suficiente o bien es un sin sentido o bien no es nada más que un brindis al sol. Un proyecto como el de Ibarretxe, pensado desde la desconsideración hacia la otra parte contratante, más bien parece un acto “onanista” más que un contrato a dos (o un pacto de pareja o un matrimonio), si se me permite acudir, otra vez, a las metáforas sexuales.


Termino con unas pocas conclusiones

Hemos entrado en el siglo XXI con el problema pendiente de llegar a una definición de España que pueda resultar más cómoda o menos incómoda al nacionalismo vasco y a los demás nacionalismos periféricos. Este intento, una España que se reconoce en su diversidad y que la respeta, la España plural, la España plurinacional, la España federal, la España que deja de ser “Mater Dolorosa” para verse como la “Mater Hispania” o la “nación de naciones”, tiene una larga tradición desde la mitad del siglo XIX, pero hasta la fecha no ha disipado los temores de los nacionalismos periféricos a un poder central que abusa de su preponderancia y de la primacía de los signos castellanizantes. Quien pretenda refundar la definición de España tendrá delante un dilema bien complicado: ha de ofrecer un punto reformador que neutralice o satisfaga básicamente las insatisfacciones de los nacionalismos periféricos y, a la vez, ha de asegurar un punto de control y estabilidad que neutralice o satisfaga los temores del PP.

El nacionalismo-vasco tiene que asumir y afrontar sus problemas. Tiene que renunciar a un estatuto “monoteista”. Tiene que renunciar a un estatuto que no cuente con un consenso cualificado de la población. Tiene que asumir que un modelo de relación más bien confederal es un imposible, porque no tiene quien lo comparta. Tiene que concebir otra forma de estar en España que pueda ser más satisfactoria a la otra parte, lo que significa que ha de moderar su tendencia a la insaciabilidad. Tiene que acometer estos problemas, aun a riesgo de volver a dar cancha otra vez a una rama más radicalista.

No va a ser nada fácil hallar un punto de encuentro mínimamente satisfactorio para unos y para otros. Y si los políticos lo lograsen, va de suyo que no eliminará la diferencia de intereses o el conflicto que son intrínsecos a cosas como la relación de la parte y el todo o de las minorías y mayorías.

No me cabe duda de que la cuestión de un arreglo mínimamente satisfactorio depende decisivamente de si se tiene o no la convicción de que es mejor para las respectivas sociedades tener la determinación y la voluntad de hacer lo imposible por conseguirlo. Si se tiene esta determinación se llegará a delimitar los terrenos clave de la reforma y se encontrarán fórmulas para encauzarlos y se pondrá sobre la mesa una oferta razonablemente viable que nadie podrá rechazar sin más ni más.

Quien no esté por ello, debe decirlo. Debe decir que está por “irse” y no por “quedarse”.
El que quiera “irse” ha de admitirlo paladinamente y ha de admitir sus consecuencias. Por ejemplo, que no se puede ser plato y tajada a la vez. Uno no puede querer “irse” y a la vez decirle al otro cómo ha de vivir. O que no puede blandir la amenaza de “irse”, como argumento para sacar tajada; así sólo se construyen relaciones de deslealtad y desconfianza.

Quienes quieran quedarse, tendrán que decidir juntos una constitución común sea la que sea, aprobada entre todos. Se trata de una apuesta para “decidir juntos” un estatus más satisfactorio para unos y otros. Ese es el límite de lo posible y lo razonable. Que en este caso viene derivado de la propia naturaleza de las cosas y no de ningún imperativo constitucional o extra-legal. En esto, como en tantas otras cosas, es una regla de oro la sentencia del filósofo y torero Rafael Guerra “Guerrita”: lo que no puede ser, no puede ser, y, además, es imposible.

La imagen de la doble llave del cofre, en la que insiste Josu Jon Imaz, no vale tal cual porque anula la existencia de un conjunto integrado con capacidad constituyente. Pero tampoco vale un conjunto estatal que no garantice suficientemente el acomodo de los nacionalismos periféricos. Las demandas esenciales de éstos no pueden quedar al arbitrio de las mayorías o bajo su rodillo cuantitativo, de manera que hace falta algo que se aproxime a la doble llave.