Sobre el Plan Ibarretxe

Ortuella, 15.2.05.
Charla organizada por la asociación cultural Plural Anitzak.

SOBRE EL PLAN IBARRETXE


¿Dónde estamos ahora? ¿En qué punto se encuentra ahora el PI?
Un líder del PNV, creo que Joseba Egibar, dijo hace unos días que la reforma del estatuto no es una carrera de una etapa, sino de varias, como la vuelta al País Vasco. Me parece que hay mejores comparaciones para decir que la reforma estatutaria está tasada y debe superar tres “pruebas”. Primero, se ha de conseguir que una mayoría absoluta del Parlamento vasco apruebe un texto concreto de reforma. Segundo, y posteriormente, que la mayoría absoluta del Congreso de Diputados apruebe el proyecto de reforma como una ley orgánica del estado. Tercero, que sea aprobado finalmente los ciudadanos de la CAV en un referéndum.

¿En qué punto se encuentra ahora el PI?
No está claro pues hay una divergencia de respuestas muy profunda. Unos dicen que el Congreso de Diputados la ha devuelto al Parlamento Vasco porque el texto aprobado por éste se ha propasado y se ha metido en terrenos para los que no tiene competencia. Según éstos, el PV tendría que volver a empezar otra vez la faena. Otros dicen que se le ha dado un portazo al pueblo vasco y que eso no se puede aceptar y que las próximas elecciones deben reforzar la propuesta con una nueva mayoría absoluta y deben reforzar la exigencia de que el Congreso acepte negociar su traslación al ordenamiento jurídico.

Pero centremos más el asunto. El cómo va a repercutir el resultado electoral en el PI tiene bastante morbo, ciertamente, pero no es lo central. A mi juicio, lo central del asunto es tener un criterio claro sobre estas preguntas u otras similares: ¿qué es el PI? ¿Es importante? ¿Nos cambiaría la vida si saliese adelante?

¿Qué es? El proyecto de nuevo estatuto político de la Comunidad de Euskadi aprobado por la mayoría absoluta del Parlamento vasco el pasado 30 de diciembre es más que una reforma del estatuto. Lo cambia de arriba-abajo. Cambia sus conceptos fundamentales: ya no seríamos una autonomía dentro del estado español sino una comunidad política libremente asociada al estado español, la diferencia es significativa e importante. Cambia casi toda su letra: apenas queda nada del anterior. Cambia el alcance de sus competencias: el nuevo va mucho más lejos. La libre asociación de Euskadi con el estado español, desde el punto de vista político, responde a un esquema de modelo estatal más bien confederal, sustancialmente diferente del modelo autonómico y también del federal.

¿Nos cambiaría mucho la vida si saliese adelante tal cual está ahora? ¿Es verdad que la mejoraría notablemente, como afirman quienes lo justifican o aplauden? Esta es la pregunta esencial. Para mí, lo más importante es examinar esto: si el PI, tal cual está ahora, es un nuevo pacto político para la convivencia que merece la aprobación de todos porque mejora, en efecto, la convivencia de los vascos entre sí y porque mejora el modelo de relación con el estado español.

Sería temerario por mi parte ponerme a especular sobre cuánto nos cambiaría o no la vida y en qué sentido, si la mejoraría o la empeoraría. No creo que sea conveniente entrar por ahí. Cualquier presunción sería demasiado atrevida y arbitraria.

Pero sin entrar en especulaciones y ateniéndome al punto de vista que he enunciado de si ofrece realmente una perspectiva “razonable” de mejora de la convivencia en ese doble sentido, entre los vascos y con el resto de España, creo que la propuesta aprobada por el Parlamento vasco se merece una crítica contundente a ese respecto.

De momento me quedo aquí, para dar un rodeo y exponer algunas otras cosas que me interesa decir antes de entrar a detallarlos uno por uno.

Primero. Quiero recordar que la iniciativa política que lleva el nombre de Ibarretxe además de ser una propuesta nació con la vocación de ser ante todo y sobre un plan para cubrir unos objetivos políticos inmediatos más o menos confesados.

Con esta distinción de plan y propuesta quiero subrayar que estamos ante una iniciativa compleja, de muchas caras, que no se limita a plantear un cambio político sino que pretende más cosas.

La Propuesta contiene un proyecto concreto de país y un proyecto de relación con España, la libre asociación, que el lehendakari presentó en el Parlamento el 25 de octubre de 2003 y que la mayoría absoluta del Parlamento aprobó el 30 de diciembre de 2004.

El Plan mira en otras direcciones: a la popularización de un programa-horizonte que además de actualizar sus reivindicaciones pueda valerle para las próximas décadas de este siglo XXI, etc.; al mantenimiento de la hegemonía institucional del PNV frente a sus adversarios políticos y por tanto a la disputa del voto que da acceso al poder; a la lucha por la hegemonía interior dentro del nacionalismo-vasco; al desgaste de ETA o la pista de aterrizaje que facilite su final...

Me atrevo a afirmar con rotundidad que hasta ahora ha sido más plan que propuesta. Y me atrevo a afirmar incluso que hoy día, pese a ser ya una Propuesta aprobada por el Parlamento vasco, pienso que sigue siendo más operativo como plan y que sigue siendo más plan que propuesta.


Digo esto, porque presumo que sus valedores saben perfectamente que la Propuesta que han hecho es totalmente inviable en las actuales circunstancias. Y si es así, como presumo, lo lógico es pensar que su verdadero sentido no es el que parece a primera vista sino otro más relacionado con el Plan.

Como propuesta ha tocado techo y está en retirada, se diga lo que se diga, porque como dijo el filósofo-torero, Rafael Guerra “Guerrrita”, lo que no puede no puede ser y además es imposible.

Mientras que como plan, además de poder presentar un balance brillante hasta la fecha, no se puede decir en absoluto que esté agotado. Ahora mismo es la principal munición electoral de PNV-EA. Y la meta principal del conjunto del nacionalismo. Y lo que sigue achicando el espacio a ETA y Batasuna hasta dejarles sin programa nacional, sin resquicio para una alternativa nacionalista verosímil más radical. Y la mejor pista de aterrizaje a ETA para suavizar y “justificar” su abandono de las armas...

Segundo. ¿Qué expresa el texto literal del nuevo estatuto político presentado por Ibarretxe en su propuesta y que ha sido aprobado por el Parlamento vasco? ¿A qué sentimientos y a qué aspiraciones responde?

Creo que expresa de manera muy acabada cómo se concibe desde el nacionalismo-vasco representado por el PNV y EA la solución de sus insatisfacciones políticas, qué les gustaría que se les reconociese, que poderes querrían tener, qué imagen quieren dar de sí mismo, cómo se montarían la vida...

Por ello hay que reconocerle una virtud: que refleja sin duda una parte sustancial de la realidad de este país. Aunque no se compartan para nada sus puntos de vista, es una ventaja poder saber qué es lo que quieren.

El proyecto de nuevo estatuto se estructura en torno a dos insatisfacciones básicas.

Por un lado, refleja la insatisfacción del nacionalismo vasco ante la constitución actual, a la cual le achaca que no reconoce una nación vasca diferente a la española y tan legítima como ésta ni reconoce la legitimidad del nacionalismo vasco y la viabilidad de sus metas políticas.

Para resolver esta insatisfacción, el proyecto de nuevo estatuto incorpora todas las creencias propias del nacionalismo-vasco. Está todo: a) la idea nacionalista de un Pueblo Vasco con identidad propia, asentado en siete territorios históricos y titular de un derecho a decidir su futuro que ha de materializar en los tres ámbitos jurídico-políticos en que hoy está articulado; b) su manera de entender la autodeterminación (Preámbulo, artículos 1 y 13, disposición adiconal); c) su particular manera de concebir la Comunidad de Euskadi (art. 1), sus símbolos (art. 3), la distinción entre nacionalidad vasca y ciudadanía vasca (art. 4), el tratamiento de la diáspora (art. 5), el enunciado unilateral de las relaciones con la CFN y con los Territorios vascos de Iparralde (artículos 6 y 7), la definición del euskera como lengua propia del Pueblo Vasco (art. 8), su manera de entender los derechos históricos (Preámbulo, artículo 12 y disposición adicional); d) su interés por parecerse lo más posible a un estado con su triple poder “soberano”: legislativo, ejecutivo y judicial (Título II); e) el criterio de asignación y autolimitación del poder exclusivo de autogobierno y de lo que queda en manos del “Estado” (Títulos IV y V).

Sólo falta aparentemente la independencia. Pero está implícita, de hecho, en el artículo 13.1 y sobre todo en el artículo 13.3. Y con un procedimiento de voto muy barato: tan sólo requeriría la mayoría absoluta de los votos válidamente emitidos y no haría falta superar un tope mínimo de participación, como la mitad del censo de cada territorio, a fin de asegurar un mínimo de consenso ciudadano y territorial.

Por otro lado, expresa la insatisfacción del nacionalismo vasco representado por PNV y EA ante un sistema político que, a su entender, subordina a la minoría vasca en el conjunto español. La reivindicación de una relación “que no sea de subordinación” es un pilar central de la propuesta Ibarretxe.
Más allá de que esto se formule de manera más o menos adecuada, es menester reconocer el problema real que aquí se plantea: las garantías de todo tipo para las minorías nacionalistas. El nacionalismo-vasco, dado su limitado soporte demográfico, siempre va a ser una minoría en el conjunto del electorado del estado español y en los órganos institucionales comunes o centrales del mismo y siempre va a temer el rodillo de dicha mayoría.

Para resolver esta segunda insatisfacción, la Propuesta Ibarretxe ofrece un proyecto de relación “amable” con el estado español coherente con las creencias del nacionalismo-vasco, y, en particular, con su manera de concebir España - innombrada en el estatuto- como una realidad distinta y exterior y ajena a la realidad vasca (Título I).

Además de esa visión de España como realidad exterior, otra clave fundamental del modelo de “encaje” con el “estado español” es un criterio “soberanista” estrictamente bilateral, que en último término se supedita a la decisión de la sociedad vasca (Título I).

Por decirlo con otras palabras, el nacionalismo-vasco representado por PNV y EA defiende una fórmula de relación confederal. La idea central de este modelo confederal es que las partes ponen en común unas pocas cosas, muy pocas, se reservan para sí el grueso de las competencias en exclusiva, y se reservan también la capacidad de decisión última sea de las instituciones vascas sea de la sociedad vasca.


Tercero. Hay que tener en cuenta el valor simbólico para el mundo nacionalista-vasco del plan Ibarretxe. Lo que quiero decir con esto es que esta iniciativa política ha conectado profundamente con las creencias fundamentales del mundo nacionalista-vasco: es símbolo del “gran cambio” que nos hace libres, de la realización del sueño autodeterminativo (el “ser para decidir”) sin injerencias, el día D en que todo es distinto... de que Euskal Herria “quiere tener la palabra y la decisión” (igual que en Lizarra), el reconocimiento definitivo de Euskal Herria por el Estado y en consecuencia por la comunidad internacional... la ilusión de que trae consigo la “pacificación” (el final de ETA) y la “normalización” (la resolución del “conflicto vasco”). Quiero decir, por tanto, que el Plan Ibarretxe se ha incorporado a los grandes mitos del nacionalismo-vasco y que hoy día cumple a la perfección todas las funciones principales de los mitos: es una gran meta y es el método para llegar a ella y es el motor para poder conseguirla.



Aquí, en esta conexión íntima con el mundo de los sentimientos y de los símbolos, radica su fuerza ciertamente. Pero también ahí está su mayor debilidad, para decirlo todo, porque esas creencias, esos símbolos, esos sentimientos, esas ilusiones, esos afectos, esos mitos-metas-motores... no son compartidas por la parte no nacionalista de la sociedad vasca. Un servidor, por ejemplo, se esfuerza por entenderlos y los respeta desde luego, pero no los comparte. No son mis sueños, ni mis afectos, ni mis metas y motores...


Cuarto. Hay que interpretar acertadamente qué significa el NO del PP y del PSE en el Parlamento vasco y el NO de la inmensa mayoría del Congreso, de la misma forma y por la misma razón que nos debemos exigir una interpretación atinada de qué es lo que pretende el nacionalismo vasco.

El nacionalismo-vasco no debe engañarse sobre el alcance y significado del “no” del Congreso. Un contrato asociativo entre dos tiene que interesar o satisfacer a ambas partes. Pues bien, el “no” del Congreso expresa de forma clara que los representantes del conjunto de la ciudadanía española no están interesados:

a) en un proyecto que concibe España -innombrada en el nuevo estatuto- como una realidad distinta y exterior y ajena a la realidad vasca (Título I);

b) en un modelo de “encaje” con el “estado español” basado en el criterio “soberanista” y bilateral (Título I), donde “la parte” vasca deja de ser parte del todo o conjunto para convertirse en un par del todo (en otro todo) puesto que se reserva para sí el grueso de las competencias en exclusiva y se reserva también la capacidad de decisión última sea de las instituciones vascas sea de la sociedad vasca;

c) en un modelo de relación que reduce la presencia y competencia del estado común en el País Vasco (artículo 45) a unas pocas faenas costosas y poco interesantes para el gobierno vasco: el ejército, las embajadas, el sistema monetario, el sistema aduanero, la marina mercante, las armas y explosivos, la legislación (penal, penitenciaria, procesal, mercantil, civil, etc.), que en buena parte además están siendo absorbidas por la Unión Europea;

d) en un proyecto que plantea la duda razonable de si se está renunciando a plazos al País Vasco dada la confesada inclinación del conjunto del nacionalismo vasco a buscar una incorporación a Europa sin pasar por España.

Dicho de otra forma, mediante el “no” del Congreso le han expresado a Ibarretxe de forma categórica que ese modelo de estado no puede ser un punto de encuentro. Le han dicho que proponer un arreglo amable con el estado español en contra de quienes representan a la inmensa mayoría de la población es un sin sentido. Por tanto, no se trata sólo de un rechazo formal, de decirle que su proyecto exige un cambio sustancial de la actual constitución. Le han dicho sobre todo que no están a favor de un cambio como el que propone. Una divergencia de intereses nada difícil de entender si se mira bien.

Es fácil de entender que el modelo más bien “confederal” de la Propuesta Ibarretxe resulte muy cómodo para el nacionalismo-vasco. Además de que cubre todas sus expectativas de “soberanía” y de garantías de la misma y de que no contradice su doctrina central, le aporta la ventaja de solventar mejor algunas faenas propias de los estados. Pero, por razones similares aunque contrarias, no es difícil de entender que ese modelo no resulte nada atractivo para la otra parte contratante y tanto menos si se trata de los representantes de un conjunto estatal, como es el caso, con cierta solera histórica y que en la actualidad representa a una sociedad de ciudadanos que no está en ruina total sino que tiende más bien a lo contrario.

Por otra parte, el nacionalismo-vasco identificado con la Propuesta Ibarretxe debe entender que el hecho de “colocar” en el estatuto vasco prácticamente todas sus creencias fundamentales, todos sus dogmas doctrinales, no es una forma razonable de concretar la demanda de reconocimiento. La propuesta Ibarretxe consagra Euskadi al nacionalismo-vasco (ver anexo 1) como cuando antaño se consagraba un país a una religión. Cosa que además de exhibir un feo sectarismo no es coherente que lo haga un nacionalismo-vasco que esgrime ese mismo argumento pero en sentido contrario para deslegitimar a la constitución española. Si durante 27 años el nacionalismo-vasco ha criticado con razón el artículo 1.2 de la constitución (“La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del estado”) y el comienzo del artículo 2 (“La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”), ya que ambos expresan una mirada excluyente para el nacionalismo vasco u otros nacionalismos periféricos, no está bien que ahora pretenda hacer algo muy similar en la propuesta de nuevo estatuto político de la Comunidad de Euskadi.

Vuelvo ahora al asunto central y más importante: el juicio crítico acerca de si mejora la convivencia entre los vascos y acerca de si mejora la relación de los vascos con el resto de la población del estado español.

Mis objeciones principales son estas ocho:

1.- Su planteamiento “monoteista”. Trata de “colocar” en un texto constituyente que representa a toda la sociedad vasca lo que son creencias de una ideología particular: la nacionalista-vasca. Las partes del nuevo estatuto que llevan el sello de las creencias y dogmas nacionalistas-vascos son numerosas y de una importancia sustancia. Este sectarismo “monoteista” es insólito hoy día en el mundo liberal-occidental.

2.- Su deficiente consenso. No cuenta de hecho con el consentimiento de una oposición que representa casi la mitad del electorado votante. Y de entrada cuenta con un consentimiento inferior al del estatuto de Gernika que intenta sustiuir. En el ámbito liberal-occidental no se le ocurriría a nadie sacar una reforma muy seria de las reglas de juego (el estatuto y la constitución) en esas condiciones. No es concebible a estas alturas tal “sectarismo democrático”: por ejemplo, que los conservadores se metan en una operación de esa envergadura en contra de los laboristas y prescindiendo de ellos (o viceversa) en Gran Bretaña o que los demócratas prescindan de los republicanos en los Estados Unidos, etc.

3.- Su lógica “unilateralista” y “demediada”. No puede mejorar la convivencia una propuesta exclusivamente centrada en las insatisfacciones, preocupaciones y aspiraciones de una parte de la sociedad y que no ve ni se ocupa ni se preocupa de las insatisfacciones, aspiraciones y preocupaciones de la otra parte de la sociedad. Máxime, cuando todas las evidencias apuntan a que desde hace tiempo esto de la insatisfacción es más amplio y ambas partes se muestran igualmente insatisfechas respecto a los pactos de la transición. Según mis cuentas, están en juego dos insatisfacciones que se expresan hoy día profusamente como tales: por un lado la del mundo “nacionalista-vasco” con el marco político vigente y, por otro, la del mundo vasco “no nacionalista-vasco” con la hegemonía del mismo.

4.- Las categorías fundamentales en que se apoya. Por ejemplo, se ha aferrado a una concepción de la soberanía difícilmente compatible con todo lo que no sea un proyecto confederal-casi-independentista. Es curioso que lo que el PNV ha admitido que no es bueno para hacer el país que quiere, una Euskadi confederal, sea en cambio el criterio al que se acoge en su nuevo pacto de relación con España. Entender el ámbito y el derecho de decisión como algo absoluto, que no puede quedar constreñido por nada ni por nadie, lleva a una incompatibilidad casi absoluta para formar parte del estado español o también de la UE.

5. Las consecuencias negativas que provoca. Un programa puramente frentista y banderizo que refuerza la dinámica frentista y banderiza en la que está instalada la política vasca desde hace seis años. Que acarrea consecuencias frentistas deliberadamente queridas y buscadas o efectos imprevistos o no queridos igualmente frentistas. Ha ahondado la fractura en la clase política, fractura que se va extendiendo progresivamente al resto de las élites de la sociedad vasca (Iglesia, poder judicial, empresarios, intelectuales y profesores universitarios, artistas, profesionales de los medios de comunicación). Genera unas dinámicas bastante negativas: retroceso del consenso y del pluralismo, separa a tajo el campo nacionalista-vasco y el resto de la población. El referéndum culminaría la fractura: todo el mundo sería llamado a alistarse en una u otra orilla. A mi juicio, merece un rotundo suspenso como proyecto de integración de una ciudadanía muy plural en sus inclinaciones y sentimientos.

6.- La exagerada dramatización de su urgencia y razón de ser. Parcialidad y desmesura de las justificaciones que se esgrimen a su favor. Si el cambio de marco político fuera tan dramático y fuera tan necesario y urgente, sería del todo incoherente seguir el camino inviable por el que se ha optado.

7.- La inoportunidad de acometer este movimiento mientras persiste ETA. Para mí, lo de ETA debería haber tenido una prioridad absoluta, porque es el problema principal de la sociedad vasca, por la naturaleza y trascendencia de las consecuencias que genera, de los efectos, aun en este momento en que no está matando, y porque todo lo demás no tiene tanta urgencia. Pienso que el esfuerzo por conseguir el final de ETA debería consumir las mejores energías políticas de los partidos y de la sociedad. Hace dos años y medio, en septiembre de 2002, cuando Ibarretxe propuso su plan por primera vez esta objeción tenía sin duda una consistencia mayor. Entiendo que ahora es más discutible y ambivalente, habida cuenta el menguante papel de ETA en los últimos tiempos. Pero ha de reconocerse que también está jugando con fuego, tratándose de ETA.


¿Quién puede dar garantías de que ETA no esté pensando en la posibilidad de que el plan Ibarretxe pueda rearmarle y “justificar” su persistencia si el desarrollo de las cosas, cuando se constate que el PI no puede realizarse, deja un rescoldo de frustración y resentimiento en la comunidad nacionalista vasca?

8.- Su inviabilidad política. Ibarretxe ha elegido un camino que no lleva a la reforma estatutaria que, según se dice, se pretende conseguir. Además, sigue la lógica del “si no quieres taza toma taza y media”, cosa que o bien no es posible por la propia naturaleza de las cosas o bien va de la mano de un proyecto impositivo-autoritario-unilateralista. Es la lógica de ir de Guatemala a Guatepeor.


En suma, desde la perspectiva interna, propone un estatuto imposible de aceptar por los no nacionalistas vascos. No tiene en cuenta que ese propósito es un imposible, prácticamente, en una sociedad vasca plural y abierta. Si se me permite la licencia de acudir al mundo de la moralidad sexual, Ibarretxe opta por una relación “incestuosa”, por una nación de los nacionalistas-vascos y para los nacionalistas-vascos, en vez de establecer una sociedad de ciudadanos, de todos y para todos.

Desde la perspectiva externa, propone un estatuto imposible de aceptar por los partidos mayoritarios del parlamento español. Proponer un arreglo amable con el estado español en contra de quienes representan a la inmensa mayoría de la población es un sin sentido. Tanto más cuando lo que se propone desborda ampliamente la constitución y exigiría una modificación o reforma sustancial de la misma que debería atenerse al procedimiento establecido. Pretender llevar a buen término esta reforma de la constitución si no se cuenta con el consenso suficiente o bien es un sin sentido o bien no es nada más que un brindis al sol. Un proyecto como el de Ibarretxe, pensado desde la desconsideración hacia la otra parte contratante, más bien parece un acto “onanista” más que un contrato a dos (o un pacto de pareja o un matrimonio), si se me permite acudir, otra vez, a las metáforas sexuales.


Termino con unas pocas conclusiones

Hemos entrado en el siglo XXI con el problema pendiente de llegar a una definición de España que pueda resultar más cómoda o menos incómoda al nacionalismo vasco y a los demás nacionalismos periféricos. Este intento, una España que se reconoce en su diversidad y que la respeta, la España plural, la España plurinacional, la España federal, la España que deja de ser “Mater Dolorosa” para verse como la “Mater Hispania” o la “nación de naciones”, tiene una larga tradición desde la mitad del siglo XIX, pero hasta la fecha no ha disipado los temores de los nacionalismos periféricos a un poder central que abusa de su preponderancia y de la primacía de los signos castellanizantes. Quien pretenda refundar la definición de España tendrá delante un dilema bien complicado: ha de ofrecer un punto reformador que neutralice o satisfaga básicamente las insatisfacciones de los nacionalismos periféricos y, a la vez, ha de asegurar un punto de control y estabilidad que neutralice o satisfaga los temores del PP.

El nacionalismo-vasco tiene que asumir y afrontar sus problemas. Tiene que renunciar a un estatuto “monoteista”. Tiene que renunciar a un estatuto que no cuente con un consenso cualificado de la población. Tiene que asumir que un modelo de relación más bien confederal es un imposible, porque no tiene quien lo comparta. Tiene que concebir otra forma de estar en España que pueda ser más satisfactoria a la otra parte, lo que significa que ha de moderar su tendencia a la insaciabilidad. Tiene que acometer estos problemas, aun a riesgo de volver a dar cancha otra vez a una rama más radicalista.

No va a ser nada fácil hallar un punto de encuentro mínimamente satisfactorio para unos y para otros. Y si los políticos lo lograsen, va de suyo que no eliminará la diferencia de intereses o el conflicto que son intrínsecos a cosas como la relación de la parte y el todo o de las minorías y mayorías.

No me cabe duda de que la cuestión de un arreglo mínimamente satisfactorio depende decisivamente de si se tiene o no la convicción de que es mejor para las respectivas sociedades tener la determinación y la voluntad de hacer lo imposible por conseguirlo. Si se tiene esta determinación se llegará a delimitar los terrenos clave de la reforma y se encontrarán fórmulas para encauzarlos y se pondrá sobre la mesa una oferta razonablemente viable que nadie podrá rechazar sin más ni más.

Quien no esté por ello, debe decirlo. Debe decir que está por “irse” y no por “quedarse”.
El que quiera “irse” ha de admitirlo paladinamente y ha de admitir sus consecuencias. Por ejemplo, que no se puede ser plato y tajada a la vez. Uno no puede querer “irse” y a la vez decirle al otro cómo ha de vivir. O que no puede blandir la amenaza de “irse”, como argumento para sacar tajada; así sólo se construyen relaciones de deslealtad y desconfianza.

Quienes quieran quedarse, tendrán que decidir juntos una constitución común sea la que sea, aprobada entre todos. Se trata de una apuesta para “decidir juntos” un estatus más satisfactorio para unos y otros. Ese es el límite de lo posible y lo razonable. Que en este caso viene derivado de la propia naturaleza de las cosas y no de ningún imperativo constitucional o extra-legal. En esto, como en tantas otras cosas, es una regla de oro la sentencia del filósofo y torero Rafael Guerra “Guerrita”: lo que no puede ser, no puede ser, y, además, es imposible.

La imagen de la doble llave del cofre, en la que insiste Josu Jon Imaz, no vale tal cual porque anula la existencia de un conjunto integrado con capacidad constituyente. Pero tampoco vale un conjunto estatal que no garantice suficientemente el acomodo de los nacionalismos periféricos. Las demandas esenciales de éstos no pueden quedar al arbitrio de las mayorías o bajo su rodillo cuantitativo, de manera que hace falta algo que se aproxime a la doble llave.