Decalogo para crear un estado anacional

Andoni Unzalu.(El Correo, 4 de diciembre de 2005)

Cada vez más me viene a la memoria una frase que para mí es el inicio de la modernidad: 'Etsi Deus non daretur', como si Dios no existiera.
Primero aplicado por Grocio al Derecho y después por la Ilustración a la ciencia y la política; es el gran invento europeo. Es tan importante esta afirmación que seguramente es el único requisito que podemos plantear, aún hoy, a la hora de definir las normas de lo público que hace posible la convivencia con otras naciones y otras religiones.De esta afirmación surgen el desarrollo científico y el Estado aconfesional.
Esta afirmación no niega a Dios, no se enfrenta a él. Simplemente dice que las normas generales de convivencia deben construirse como si no existiera. Creo llegado el momento de aplicar la misma afirmación sobre las naciones.
Hay que construir el entramado institucional, las normas que definen lo público 'Etsi natio non daretur'

Con el Estado aconfesional hemos terminado en Europa con las guerras de religión, con el Estado anacional debemos terminar con las luchas nacionalistas. No se trata de enfrentar a un nacionalismo otro ya existente. No se trata tampoco de negar la existencia de los nacionalismos o naciones. Se trata de definir las instituciones, las normas que regulan lo público para todos los ciudadanos como si la nación no existiera, de forma que todos, los de un nacionalismo u otro y, cada vez más, los de ninguno, acepten como suyo el nuevo Estado.

He aquí mi decálogo para un Estado anacional.

1.Prescripción de todas las violencias nacionalistas ejercidas con anterioridad. Con ello se quiere decir prescripción de toda responsabilidad por violencias de motivación nacionalista, de la responsabilidad colectiva o histórica en concreto. La responsabilidad debe ser únicamente personal y sólo de las personas vivas. No podemos reivindicar el desagravio de la invasión navarra por el duque de Alba (por cierto, en la vanguardia iban abendaños arratianos) ni hacer un juicio penal a Sabino Arana. No se pueden pedir compensaciones (o castigos) colectivos por violencias ejercidas en la historia pasada.

2. Se define el Estado únicamente como un espacio jurisdiccional que ampara los derechos y provee de los servicios necesarios a los ciudadanos. El Estado debe abandonar todo añadido nacional obligatorio para todos sus ciudadanos.

3. Se reconocerá la distribución territorial realmente existente en la actualidad, renunciando a cualquier reivindicación de otro territorio ya existente. Con ello no se quiere decir que no se puedan o deban modificar las distribuciones territoriales dentro de la Unión Europea. Lo que se afirma es que ningún distrito territorial de la Unión puede definir como constitutivo de su propia entidad un territorio ajeno. Centroeuropa, que los tres últimos siglos ha vivido con fronteras móviles, ha terminado aceptando las realmente existentes. Alemania, en 1990, reconoce el Oder-Neisse/Odra-Nysa como frontera estable y definitiva, renunciando a las reivindicaciones de la zona que pertenece a la República polaca. Lo mismo ha hecho Polonia con sus actuales fronteras. No han sido decisiones fáciles. Todo polaco adulto recita de memoria el inicio de 'Pan Tadeus', su epopeya nacional: 'Lituania, patria querida, sólo quien te ha perdido sabe apreciarte'. Muchos de los millones de alemanes expulsados de sus tierras el año 1945 guardan aún la llave de su antigua casa. El caso tal vez más interesante es el irlandés. La constitución de la República de Irlanda incluía los condados del norte como parte constitutiva de Irlanda. Después de los acuerdos de Stormont modificó su constitución renunciando a esta pretensión. Obviamente, el caso navarro, con el escudo del Gobierno vasco con un cuartel vacío, salta inmediatamente con este ejemplo y, claro, el peñón de Gibraltar también asoma su nariz.

4. No está en nuestra mano escoger en qué espacio jurisdiccional nacemos y tenemos derecho a permanecer en él, o a cambiar, sea cual fuere nuestra identidad nacional. El territorio no tiene un propietario histórico con derechos exclusivos. El territorio pertenece a todas las personas que viven en él. Es sólo un ámbito de desarrollo. Ninguna persona verá reducidas o mermadas sus oportunidades personales a causa de su identidad nacional.

5. La identidad nacional o la religión no se pueden someter a votación. Ninguna sociedad puede decidir por mayorías cuál es su identidad nacional común. Debe ser una elección personal libre e individual y esta elección será amparada y protegida por el Estado. A nadie se le ocurre hoy someter a votación si los vascos debemos ser católicos o no, aunque el 99% decidiera que sí, el 1% restante tiene derecho a no ser católico y que el Estado al que pertenece tampoco lo sea. La identidad no se vota, es elección personal. Si el Estado confesional no pudo resolver la problemática de diferentes religiones, el Estado nacional tampoco puede resolver los problemas de diferentes identidades nacionales.

6. Las decisiones sobre la organización institucional son competencia exclusiva de las personas vivas. La historia, los muertos, los montes o los ríos no tienen derecho a voto. Las grupos sociales pueden tener diferentes preferencias y arraigos sobre instituciones históricas; unos pueden querer mantenerlos y otros modificarlos o suprimirlos, otros incluso recuperarlos, pero en ningún caso son fuente de derecho. Nadie tiene un derecho añadido porque en el territorio donde habita en la actualidad otras sociedades tuvieran instituciones diferentes.

7. La historia es patrimonio común. Debe desnudarse de toda intencionalidad nacional a la historia, ésta debe ser planteada como la historia de las sociedades que han habitado los territorios europeos.

8. Toda modificación territorial debe cumplir necesariamente los siguientes requisitos:A) Que la nueva organización ofrezca más libertad a los ciudadanos.B) Que la nueva organización mejore la igualdad de oportunidades.C) Que sea ampliamente amparada por la población.D) Que la nueva distribución territorial no margine grupos de ciudadanos.

9. No es posible suscribir un nuevo contrato social desde la nada con adscripciones voluntarias porque no existe la opción de no firmarlo. Nacemos obligatoriamente con un contrato social. Toda modificación de contrato debe plantearse desde la situación realmente existente y debe ser motivado. Esta modificación debe plantear una mejora para todos los ciudadanos. Debe, además, plantear los costes de la modificación y éstos deben ser sustancialmente menores que las mejoras que propone.

10. Termino el décimo punto planteando un problema. Las instituciones públicas no pueden funcionar apoyadas exclusivamente en el ejercicio de la violencia legal. Es absolutamente necesario que las personas asuman estas instituciones y que tengan una identificación suficiente con ellas como para defenderlas y asumirlas como propias. El nacionalismo nos ha ofrecido unos mecanismos muy eficaces en esta identificación. Si planteamos un Estado anacional debemos construir otros mecanismos de identificación que garanticen el apoyo a las instituciones públicas. No parece a corto plazo una tarea fácil.