viernes, 24 de octubre de 2014

Imanol Zubero:"Pensar la RGI institucionalmente."

Imanol Zubero , en su recomendable blog personal hace esta reflexion cuya lectura considero muy oportuna en estos momentos:

El politólogo Hugh Heclo considera que pensar en las instituciones no es lo mismo que pensar institucionalmente, ya que el simple “pensar en” no indica nada necesariamente respecto de nuestra posición hacia los valores y los fines que una determinada institución encarna. “Aceptar esos valores y fines –advierte Heclo- y participar de ellos como agentes morales es lo que nos hace  ser parte de la institución”; y esta participación es la que, de manera recíproca, “hace que la institución pase a ser una parte importante de quiénes somos, aún cuando no tenga nunca por qué definirnos plenamente”. Pensar en las instituciones es un pensar desde fuera, un pensar distanciado, exterior, necesario para no sucumbir bajo el peso de la burocratización y la inercia, pero insuficiente para dar cuenta del orden normativo que existe más allá de la formalización organizativa de una determinada institución. Pensar institucionalmente no es, por tanto exactamente lo mismo que pensar en términos organizativos o burocráticos.
Traigo esta referencia a colación porque me sorprende que, en sendos artículos publicados por este diario, ni mi colega de la UPV/EHU Pedro José Chacón (“La valla de Melilla y la RGI vasca”, sábado 11 de octubre) ni el diputado general de Álava Javier de Andrés (“Integración y RGI”, domingo 12 de octubre) hayan considerado adecuado reflexionar sobre el actual modelo vasco de política social desde una perspectiva interna, contentándose con una mirada externa al mismo. El resultado de su reflexión da la razón a Heclo cuando señala que “«pensar en» puede en realidad disminuir nuestras facultades para «pensar desde» unos términos institucionales”.
Compartiendo su preocupación por mejorar la eficiencia de nuestro sistema de ayudas sociales, me preocupa que el diputado general de Álava conceda tan poca importancia a las posibles consecuencias sociales derivadas de “endurecer” el acceso a las ayudas sociales, como exigir diez años de empadronamiento o negárselas a personas “en situación irregular”. Consecuencias que afectarían a varios miles de personas, algunas fuentes hablan de 30.000, que se encontrarían de la noche a la mañana en la precariedad más absoluta. Suponer que este “ahorro” en términos puramente económicos no tendría consecuencias sociales es la única manera de que el balance resulte positivo. Pero esta suposición no se sostiene: como muestran Wilkinson y Pickett en su imprescindible investigaciónDesigualdad: un análisis de la (in)felicidad colectiva, la desigualdad sale muy cara. Una muestra extrema de esa externalización de los costes sociales la encontramos cuando se refiere a la existencia en los registros de Lanbide de más de 2.800 personas de las que no consta su nacionalidad y se pregunta: “¿A dónde van a ser repatriados si delinquen o incumplen con las más básicas obligaciones?”. Lo que yo me pregunto es si de verdad ha pensado ya cómo procedería, en su caso, a “repatriar” a varios miles de personas: con qué recursos policiales o legales y a costa de qué recursos morales lo haría.
Por otro lado, como sabe perfectamente Pedro José Chacón, en el ámbito de la ciencia social no abundan las “verdades del barquero”: la ciencia social transita siempre por el estrecho sendero de la objetivación de realidades significativas de las que forma parte la propia persona que hace ciencia. Y de esta regla epistemológica no se libran tampoco las “predicciones” o los “anuncios” que pueda hacer Javier Maroto respecto de un supuesto efecto llamada que haría saltar el sistema por los aires. No sé por qué le parecen más dignas de atención dichas predicciones, convertidas en el único soporte de su artículo, y no los diversos estudios sobre la RGI en los que “no se considera la variable de un aumento desmesurado de la inmigración extranjera”, a pesar de que el propio Chacón los considere “muy buenos”.
En la historia reciente de nuestro país hemos sufrido en diversas ocasiones la exclusión categorial de una parte de nuestros convecinos, reducidos a la condición de “cacereños” (como narra y denuncia Raúl Guerra Garrido en su novela de 1969, que Pedro José Chacón tan bien conoce) o motejados de “españolazos” (como habrá sufrido muy de cerca Javier de Andrés), en ambos casos tachados de “población sobrante”. Si algo hemos aprendido del pasado, cualquier crítica al funcionamiento actual de la RGI debería evitar la extranjerización de personas que ya están y quieren seguir viviendo con nosotros.
El 7 de marzo de 1989 el entonces consejero de Trabajo y Seguridad Social del Gobierno Vasco, José Ignacio Arrieta, explicaba en un artículo las razones por las cuales, en medio de una pésima situación económica (con un 21,6% de paro, superior a la media española; con una fuerte reducción de la renta per cápita: Bizkaia pasó del segundo puesto en renta familiar disponible en 1971 al puesto 21 en 1985), Euskadi había decidido impulsar un modelo de garantía de ingresos pionero en España: “El día de hoy va a marcar en Euskadi y en el resto del Estado español el inicio de una forma distinta de articular socialmente el país. A partir de esa fecha, los ciudadanos que en el País Vasco más están padeciendo las desigualdades derivadas del actual entramado socioeconómico van a empezar a obtener una respuesta solidaria desde sus instituciones. Y esto ha sido así porque en Euskadi hemos asumido la marginación no como un problema del que la padece, sino de la sociedad, y como tal, su solución no puede ser patrimonio de nadie, sino responsabilidad de todos”.

Esa perspectiva profundamente integradora, que no desconoce los problemas ni renuncia a ganar en eficiencia, es la verdad institucional que subyace a nuestro modelo social. Me gustaría que este artículo contribuyera a articular una perspectiva institucional compartida sobre la RGI: preocupada por sus posibles disfunciones en la actual coyuntura histórica, pero fiel y agradecidamente comprometida con la intuición moral que estuvo en su origen y a la no debemos renunciar. 

4 comentarios:

Marcos Fernandez dijo...

Quisiera aclarar que para nada soy ppero pero si en esta tematica lo de que las ayudas sociales no esta bien y recibe el apoyo de mucha gente es porque se esta haciendo eco de algo que esta en la calle, y aunque puede que parte de su discurso es confuso, la gente tiene la intuicion de que lo que habla es esencialmente verdad....

Yo creo que esto esta bastante mal gestionado y esperemos que pronto se revise parte de la estructura de governanza de este tipo de recursos, en los que no hay clara separacion de deberes, y los mismos que se suponen que controlan son los menos interesados en detectar problemas y fraudes, ya que estan sujetos a presiones de todo tipo.

Tampoco me parece bien su cuantia habiendo gente que trabajando casi saca poco mas que cobrando la RGI. Esto no anima a buscar trabajos en ciertas circuntancias y cronifica vivir del subsidio.Hay un porcentaje de población que se ha acomodado y que con los escándalos económicos de los muy ricos lo tiene fácil para instalarse en lo de vivir del cuento, que en este caso es vivir del vecino.Ademas el control es muy débil.

Tampoco me parece bien que quien recibe esas cantidades de dinero público no tenga que devolver ese esfuerzo público en forma de trabajos a la comunidad de 20 o 30 horas .

Si la gente tuviera confianza en que las reglas verdaderamente se estan cumpliendo, y no hay parasitos sobre todo locale creo que las cosas se calmarian.

Anónimo dijo...

Me parece que Zubero en el articulo peca de buenismo y sin negar lo que los subsidios sociales pueden hacer para mantener una calma chicha social no entra para nada en los indeseados efectos que también tiene de desmotivacion ante las dificultades y de cronificacion de vivir en un estado de necesidad , necesitando continuamente de la ayuda social.

En la época en la que nos decían que todo iba bien y que la gente sentia un cierto bienestar material, ya había una parte no pequeña de la sociedad que vivía instalada en estos conceptos ,pero la inoportunidad de la denuncia y el control efectivo de esta realidad en aquellos momentos, unido a que que para la mayoria ataban a los perros con longanizas , enmascaraba esta situacion y como se suele decir metiamos la porqueria debajo de la alfombra,o como el avestrud la cabeza bajo la tierra.
pero esto entre nosotros ni es nuevo ni está ligado a la emigracion.

Es algo que no hemos querido ver y solucionar y que estalla en la epocaa de vacas flacas.

Anónimo dijo...


PUES YO SOY DE AQUI, tengo 35 años .Cobro RGI desde hace mas de 1, porque se me acabo mi prestacion de desempleo de 2 años. Tengo una licenciatura, un master, hablo ingles y he vivido en el extranjero. tengo casi 8 años cotizados a la seguridad social como licenciado. O sea he contribuido a las arcas publicas como el que mas. Segun algunos, hay que cargarse el sistema social, o hacer trabajos para suprimir a otros que trabajan y hacer caer los salarios? Yo siemrpe he sido defensor del modelo vasco de bienestar, cuando trabajaba y tenia dinero, y por supuesto ahora. El estado de bienestar no solo protege a los que percibimos la ayuda, tb permite que los salarios no caigan mas, que la delincuencia sea la mas baja del Estado, que la pobreza sea minima y no veas estampas tercermundistas a tu alrededor, que te sigas formando y ocupado de manera gratuita... Si barremos a 600 euros pues no habra barrendero que cobre lo actual. Deciros ademas que 600€ aqui no son mucho, yo debo complementarlo con mis ahorros de cuando trabajaba para llegar a fin de mes

Anónimo dijo...

Pues al Gobierno vasco ya no le queda más dinero para las Ayudas de Emergencia Social (AES). El Parlamento vasco ha pedido de nuevo al Ejecutivo que amplíe este año la dotación presupuestaria para las AES, pero el PNV -que ha votado en contra- ha dicho que a día de hoy "no es posible" por falta de "disponibilidad" de recursos. Además, ha añadido que las AES no son un derecho subjetivo, como sí los es la Renta de Garantía de Ingresos, y que, por lo tanto, no existe una obligación legal de dotar esa partida. Pero mientras el Gobierno se queda sin dinero para las AES, sí que prevé aumentar la partida que anualmente inyecta a EITB. Las cuentas de la Radiotelevisión pública vasca para 2015 prevén aumentar en un 2,1% la subvención pública del Gobierno, que será de 109,8 millones de euros frente a los 107,63 del presupuesto de 2014. Al menos esa es la pretensión de su directora, Maite Iturbe, que no cuenta con el respaldo de la oposición.