Más de 500 colectivos pedimos un freno a la contaminación electromagnética

(Reprodución del árticulo de Miguel Jara)

Recientemente se ha celebrado el Quinto Congreso Internacional de Medicina Ambiental en el Colegio de Médicos de Madrid. Y allí se ha firmado un manifiesto promovido por la Fundación Vivo Sano, en el que el que se exigen a los gobiernos central, autonómicos y locales, y a la clase política en general, medidas urgentes y concretas para proteger la salud de los ciudadanos frente a la creciente contaminación electromagnética que nos rodea.

Piden, pedimos, la aplicación del principio de precaución y el inmediato establecimiento como límites máximos legales de 100 nT (nanoteslas) para las radiaciones de baja frecuencia y de 100 μW/m2 (microvatios por metro cuadrado) para las de alta frecuencia, basándonos en la Comunicación de la Comisión Europea de 2 de febrero de 2000, en la que se manifiesta que “el principio de precaución puede invocarse cuando es urgente intervenir ante un posible peligro para la salud humana (…). Se aplica sobre todo en los casos de peligro para la salud pública. Gracias a él es posible, por ejemplo, impedir la distribución de productos que puedan entrañar un peligro para la salud o incluso proceder a su retirada del mercado”.

Este manifiesto se basa en los siguientes hechos:

1. Los políticos son, en nuestro sistema democrático, la representación de los ciudadanos y, por tanto, tienen la responsabilidad y la obligación de promover activamente políticas y leyes que antepongan la salud públicapor encima de cualquier interés económico.

2. La Organización Mundial de la Salud (OMS), a través de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), ha clasificado (31 de mayo de 2011) los campos electromagnéticos de radiofrecuencia como “posible cancerígeno en humanos (grupo 2B)”, basándose en un mayor riesgo de glioma –un cáncer del cerebro– asociado con el uso de teléfonos móviles. En esta misma clasificación de riesgo 2B ya fueron incluidos en 2002 los campos magnéticos de baja frecuencia, es decir, los producidos por torres de alta tensión, transformadores urbanos, instalaciones eléctricas, etc. Además, la Asamblea del Consejo de Europa ha aprobado (27 de mayo de 2011) una resolución instando a los gobiernos europeos a adoptar de inmediato las medidas necesarias y oportunas para reducir la exposición de los ciudadanos a todo tipo de radiaciones electromagnéticas.

3. Existe abundante literatura científica independiente que señala inequívocamente que los niveles de contaminación electromagnética a los que está expuesta hoy la población son inaceptables y suponen un riesgo grave para la salud o la seguridad de las generaciones actuales y futuras, así como para el medio ambiente. Véanse

la Resolución de Viena (1998), la Declaración de Salzburgo (2000), la Declaración de Alcalá (2002), el Llamamiento Médico de Friburgo (2002), la Resolución de Catania (2002), el Llamamiento de Helsinki (2005), la Resolución de Benevento (2006), la Resolución de Londres (2007), el Informe Bioinitiative (2007), el Consejo del Panel Internacional en Campos Electromagnéticos (2008), el Llamamiento Holandés (2009), la Resolución de Venecia (2008), la Resolución de Benevento (2008), la Resolución de Porto Alegre (2009), la Declaración de París (2009), la Convención Internacional de Würzburg (2010), la Resolución de Copenhague (2010) y la Declaración de Seletun (2011), entre otros.

La visión actual del problema de las radiaciones electromagnéticas está empañada por afirmaciones que no se corresponden con la realidad. Conviene por ello aclarar que:

1. Es falso que exista un debate científico real sobre la potencial peligrosidad de las radiaciones electromagnéticas. Estudios científicos independientes efectuados en todo el mundo coinciden en esta peligrosidad, aunque haya otros financiados directa o indirectamente por las empresas eléctricas y de telecomunicaciones que concluyan que aún no hay nada claro.

2. La legislación actual solo reconoce los efectos térmicos de las radiaciones electromagnéticas y obvia los efectos atérmicos, cuando muchos estudios han asociado ya éstos a daños en el ADN de las células y a la aparición de diversas patologías, entre ellas leucemia y tumores cancerígenos.

3. Es inadmisible que cuando los ciudadanos deciden defender sus derechos, el sistema les exija que sean ellos quienes demuestren los efectos nocivos de las tecnologías que les rodean. Según las leyes y el principio de precaución, es la industria la que debe demostrar que los productos y tecnologías que introduce en el mercado son seguros para la población. Es necesario evitar que vuelva a suceder lo que pasó con el amianto, el tabaco, el plomo, el benceno, el DDT y tantos otros productos tóxicos que se comercializaron irresponsablemente, causando daños irreparables para millones de personas.

4. La industria argumenta que las tecnologías que usa son seguras por estar dentro de los “límites legales” aprobados para las radiaciones electromagnéticas, pero no se puede asumir que esos límites de exposición son indiscutibles y seguros. Tales límites fueron fijados hace muchos años con un entorno electromagnético mucho menos agresivo, basándose en tecnologías mucho menos desarrolladas y con un grado de uso y de penetración social muy inferior al actual. Las nuevas tecnologías han avanzado vertiginosamente en los últimos diez años y el nivel de riesgo al que estamos expuestos en la actualidad no es comparable al que había cuando se dictó la actual legislación.

5. La literatura científica independiente, que relaciona daños en los sistemas inmunológico, neurológico y neurovegetativo. En los casos más graves, como indican numerosos estudios que la OMS no ha podido obviar, las personas desarrollan tumores o leucemia. Los efectos de dichas tecnologías sobre nuestro organismo son acumulativos, y además el riesgo es mayor para grupos de población vulnerables (niños, mujeres embarazadas, ancianos y enfermos). Las radiaciones electromagnéticas también han desencadenado la aparición de enfermedades que hasta ahora no existían, como la electrosensibilidad o hipersensibilidad electromagnética, reconocida como enfermedad en otros países pero no aún en el nuestro